La Defensora del Pueblo de Río Negro, Nadina Díaz, pidió al Juzgado Federal de Bariloche que tenga en cuenta el monitoreo del agua del Nahuel Huapi que realizó el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y también que exija al gobierno provincial el plan de obras para ampliar el tratamiento de efluentes.

Los reclamos están enmarcados en el recurso de amparo colectivo que impulsó la Defensoría en 2009 con el fin de frenar el volcado de contaminantes al lago. En el marco del expediente, el municipio negó que exista contaminación en el lago.

Díaz dijo que el objetivo de la audiencia de ayer fue “actualizar la información sobre el tema” y precisó que “en 20 días estará disponible el informe del DPA”, que trabajó con muestras del agua tomadas desde Llao Llao hasta la boca del Limay. En relación con el gobierno provincial, Díaz pretende que defina “si hay obras proyectadas y qué plazos tienen”.

El amparo fue presentado por las deficiencias de la planta depuradora de líquidos cloacales, pero recién en 2012 quedó definida la competencia de la Justicia Federal.

En un repaso efectuado, la defensora detalló las respuestas de cada organismo ante el reclamo de la Justicia. Según díjo, la CEB (que tiene a su cargo el servicio de saneamiento) “reconoció la situación límite pero dijo que no tiene responsabilidad legal en el tema”.

La fiscalía de Estado provincial presentó documentación y admitió la falta de respuestas del DPA, mientr as que el municipio “planteó la falta de legitimación de la Defensoría del Pueblo para realizar el planteo y negó la existencia de contaminación en el lago y las pruebas presentadas”.