Según datos elaborados por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados son 28.000 las hectáreas fumigadas cada año con 320 millones de litros de agroquímicos en Argentina, lo cual representa 13 millones de personas que están en riesgo de ser afectadas por sus efectos.

Organizaciones ambientalistas presentaron un juicio ordinario contra el Estado para que la justicia le ordene al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) realizar un análisis de riesgo de los 400 herbicidas registrados que contienen glifosato, el herbicida de Monsanto, para conseguir la posterior prohibición de su uso y comercialización en nuestro país, tras la recategorización como ‘problable cancerígeno’ de este agrotóxico efectuada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el año pasado y de la eventual cancelación de sus permisos en Europa.

Esta demanda surge tras haber agotado la vía administrativa, ya que el SENASA rechazó una presentación realizada en 2015, que detalló 436 publicaciones científicas -nacionales e internacionales, de universidades públicas y privadas- que dan cuenta del efecto sanitario y ambiental del glifosato, las mismas que ahora están en poder de la Justicia Administrativa.

De ser abierto el procedimiento por la vía judicial, el Senasa deberá anoticiar a las empresas nacionales e internacionales que sean titulares de estas autorizaciones, para que aporten evidencias propias que demuestren la inocuidad de sus productos. Una vez que tiene las dos visiones, el Senasa debe tomar una decisión aceptando o rechazando el pedido de cancelar todas aquellas autorizaciones que hubiera emitido a favor de productos que contengan glifosato.

El próximo 30 de junio es la fecha límite para que la Comisión Europea decida si le renueva o no el permiso de uso por otros 15 años en el bloque de países. Y si bien, al principio esto se anunciaba como un procedimiento de rutina, la renovación o no del glifosato se está convirtiendo en un verdadero tira y afloja de los diversos países miembros de la UE que ya obligó a posponer dos veces la votación para resolverlo.

Junto con los Médicos de Pueblos Fumigados, promueven esta acción judicial las Madres de Ituzaingó Anexo-Línea Fundadora, el Centro de Protección a la Naturaleza y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).

Si te interesa esta temática y querés informarte sobre el riesgo en que nos pone el modelo de agroproducción actual que abusa de la utilización de agroquímicos, podés mirar nuestro video ‘Cuando la producción de alimentos nos enferma’.