La justicia federal de Jujuy tendrá que investigar las consecuencias de una explotación petrolera existente en el Parque Nacional Calilegua y determinar si se aplicó una plan de remediación ambiental. Así lo dispuso la Cámara Federal de Salta, instancia superior al juzgado local, ante un recurso de apelación presentado por el diputado nacional Mario Fiad, los legisladores provinciales Pablo Baca y Manuela Cabello y la Fundación Pámpanos.

Los dirigentes radicales habían iniciado una demanda ante el juez federal 1 Mariano Cardozo para que cesara la explotación petrolera y se expida sobre el pasivo ambiental en Calilegua. Cardozo había rechazado de plano el recurso de amparo del radicalismo pero ahora, por orden de la cámara, deberá investigar y resolver el asunto.

En la resolución de mediados de octubre los camaristas señalaron que “la desestimación liminar resuelta por el juez de primera instancia debe ser revocada, pues la naturaleza ambiental de la cuestión y, por ende, su trascendencia, tornan conveniente escuchar a todas las partes interesadas”.

En ese marco, pidió “tomar conocimiento de los argumentos y pruebas que pudiesen contribuir al esclarecimiento de la contaminación denunciada por la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional y reserva estricta Calilegua” Baca, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Legislatura de Jujuy, explicó que en ese parque Nacional” se lleva cabo una explotación de petróleo que está prohibida por las leyes”.

“En estas áreas, sólo se permite realizar actividades cuyo efecto sobre el entorno o ecosistema sean de carácter conservativo o recuperativo, quedando expresamente prohibida cualquier clase de explotación minera en general y de hidrocarburos en particular, y ello tanto de conformidad a la Ley de Parques Nacionales como a la Ley de Hidrocarburos”, añadió.

Además, resaltó que hay en Calilegua “un pasivo ambiental como producto de esa actividad y no hay indicios de que pueda ser remediado”. Y, destacó que en ese parque nacional hay “muchos pozos de petróleo abandonados, que ya no están explotación y que no han sido sellados como hubiera correspondido, por lo que han producido y se van a seguir produciendo accidentes, pérdidas y derrames”.

Baca valoró la decisión de la Cámara Federal y señaló que ahora “esperamos obtener una sentencia favorable que ponga fin a una constante violación de normas ambientales y haga cesar una actividad que afecta un espacio destinado a la conservación de la biodiversidad”.

Los denunciantes promovieron a fines de 2013 una acción de Amparo en contra el Gobierno de Jujuy y del Gobierno Nacional, a fin de hacer cesar la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional y Reserva de Calilegua. Entre otras cuestiones, habían pedido el cierre urgente del Pozo Caimancito e-3, pasivo ambiental que contamina el arroyo Yuto.