El juez Vince Chhabria consideró que el acuerdo referido era beneficioso para Bayer porque limitaba sus futuros riesgos legales, y no protegía los intereses de las personas que usaron Roundup –herbicida a base de glifosato- antes de febrero de 2021, pero que aún no han sido diagnosticadas con linfoma de Hodgkin (un cáncer del sistema linfático).

“Tenemos opciones legales y comerciales que juntas lograrán un resultado similar en la mitigación del riesgo de litigios futuros, y las tomaremos lo más rápido posible”, dijo por su parte Bayer en un comunicado.

Bayer pretendía crear un sitio web dedicado a estudios científicos sobre la seguridad del Roundup y pedir a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos que apruebe la redacción de las etiquetas de los envases.

Recordemos que recientemente una corte de apelaciones de California confirmó una multa a Bayer por 25 millones de dólares por la demanda de un jubilado que contrajo linfoma no hodgkin a causa de dicho herbicida.

Y no es un caso aislado, desde la adquisición del grupo agroquímico estadounidense Monsanto en junio de 2018, el gigante alemán se ha enfrentado a una ronda de procedimientos judiciales contra el glifosato en Estados Unidos. En junio pasado alcanzó un acuerdo de más de 10.000 millones de dólares para poner fin a unas 125.000 denuncias en el expediente abierto en Estados Unidos.

La multinacional sostiene que los estudios científicos y las aprobaciones regulatorias muestran que el glifosato es seguro y propuso la creación de un panel asesor científico independiente para revisar la información sobre la seguridad de su producto.

Por eso, en febrero pasado, Bayer y abogados querellantes habían acordado que la multinacional haría una provisión de fondos de “hasta 2.000 millones” para demandas futuras, lo cual fue desestimado por el juez Chhabria.

Roundup, basado en glifosato, está clasificado como “probable cancerígeno” por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).