Se trata de una medida cautelar por “daño ambiental” promovida por vecinos de la capital jujeña y la localidad de Lozano que solicitaron “el cese inmediato de los efectos de los actos administrativos dictados como consecuencia de la aprobación y autorización de la cesión de los derechos y obligaciones de Pluspetrol S.A. a favor de JHP International Petroleum Engineering Ltda., así como los de los actos administrativos relativos a la aprobación de los proyectos de trabajos y de aquellos relacionados con la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de la Unidad de Gestión Ambiental Minera de la Provincia de Jujuy”.

También solicitaron que se ordene la suspensión inmediata de la extracción de petróleo y de todos los trabajos vinculados a esa actividad, así como también de los destinados al relevamiento y obtención de pruebas, y que se abstengan de realizar modificación alguna sobre la ubicación del pozo “Ca.e3-“, sobre el cual el fallo indica:

“a) que habría una afectación severa o contaminación por derrame de un pozo petrolero abandonado, de un recurso ambiental o ecológico de naturaleza interjurisdiccional, -del bien colectivo ambiental, identificado como una cuenca hídrica, compuesta en su conjunto y unidad ecosistémica, por el Arroyo Yuto, afluente del Río San Francisco, que desagua en la Cuenca del Río Bermejo; b) que habría efectiva degradación ambiental o afectación, de un área natural especialmente protegida, categorizada legalmente como Reserva Natural Estricta, Parque Nacional Calilegua, en la Provincia de Jujuy, cuya conservación es prioritaria, no sólo en interés de las generaciones presentes, sino también en defensa de las generaciones futuras.”

La demanda está dirigida contra la Administración de Parques Nacionales, el Estado Nacional, la Provincia de Jujuy, YPF S.A., la unión transitoria de empresas Petróleos Sudamericanos S.A. Necon S.A., Pluspetrol S.A. , JHP International Petroleum Engineering Ltda., Jujuy Energía y Minería S.E. (J.E.M. S.E.), Felipe Frognier y el Municipio de Yuto, a fin de obtener que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la continuidad de la explotación petrolera en el yacimiento “Caimancito”.

El fallo hace lugar a la medida cautelar y se requiere al Estado Nacional (Secretaría de Energía de la Nación); a la Administración de Parques Nacionales y a la Provincia de Jujuy un informe circunstanciado que deberá ser contestado en el plazo de 30 días.

Sobre las concesiones otorgadas, se dictamina: “También resulta verosímil la afirmación acerca del desarrollo de una actividad manifiestamente ilegal en el Parque Nacional Calilegua – consistente en la producción petrolera – por haber vencido, en apariencia, el plazo de la concesión a fines del 2017 y porque la misma vulnera de manera patente, expresas prohibiciones contenidas en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional y de las leyes Nº 22.351 (Ley de Parques Nacionales),17.319 (ley de Hidrocarburos), 26.331 (Conservación de Bosques Nativos).”

Desde la organización ambientalista Greenpeace recuerdan que en diciembre de 2015 la legislatura jujeña había anulado las concesiones hidrocarburíferas otorgadas dentro del área protegida, en respuesta al reclamo de guardaparques, comunidades indígenas, organizaciones sociales, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación; y a la campaña de Greenpeace en reclamo para que no avance con la instalación de nuevos pozos y saque a las petroleras del Parque Nacional. Sin embargo, en la resolución 576 del año 2018, la Administración de Parques Nacionales suspendió la afección del área del Yacimiento Caimancito, hasta tanto se realice su remediación ambiental, lo que favoreció a las petroleras. 

Greenpeace celebra esta reciente medida, que da esperanzas de que pueda reevaluarse la situación de ilegalidad del petróleo dentro del Parque Nacional Calilegua, priorizando la finalidad por la que fue creado, anteponiendo el bien común del ambiente y no el interés particular de las empresas y los funcionarios que permitieron la desafectación de esas mil hectáreas de Yungas. El petróleo debe salir del Parque y no el Parque ceder a la explotación.” expresó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.