La comunidad indígena Qom Potae Napocna Navogoh hoy conocida como “La Primavera” vive en la zona de Laguna Blanca de la provincia de Formosa desde antes de la colonización. Ahora, la Justicia de Formosa confirmó el procesamiento del qarashé  Félix Díaz  y de otros tres integrantes de dicha comunidad. Se trata de una acusación insólita: los acusan de usurpar el propio territorio en el que viven, sus tierras ancestrales.

La causa fue denunciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como “armada por la policía provincial para criminalizar a los integrantes de la comunidad”. Se da en el marco de una causa abierta por “daño, robo, atentado contra la autoridad con arma, lesiones y abuso sexual” iniciada en 2010, después de una protesta de la comunidad contra el Gobierno provincial que intenta llevar adelante un plan para ceder tierras ancestrales para la construcción de una edificación de la Universidad de Formosa. Aquella manifestación había sido reprimida brutalmente por la Policía provincial.

Mientras que la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos reconocen la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas, y asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales, los pueblos originarios siguen reivindicando su derecho al territorio, mientras sufren de violencia, exclusión, pobreza y persecución, en este caso en favor de los intereses de los empresarios de la construcción y del campo, quienes intentan quedarse con las tierras.

Gildo Insfrán es gobernador de Formosa desde hace más de 20 años. En su provincia (al igual que sucede en Jujuy con Milagro Sala), según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también hay presos políticos y persecución a los dirigentes de las comunidades originarias que reclaman la propiedad de sus tierras, como los Qom o los Wichí. Uno de ellos es miembro de la comunidad Wichí, se llama Agustín Santillán, un joven docente bilingüe que comenzó a reclamar falta de escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua para los suyos. Lo echaron de su escuela y desde abril está detenido también con causas armadas; reclamarle al gobierno ayuda por las inundaciones y exigir asistencia médica para su pueblo, Ingeniero Juárez.

Esa es una de las localidades más pobres del norte y una región ancestral del pueblo Wichí, allí, en las últimas décadas, se aceleró el proceso de despojo territorial por el avance agroganadero y petrolero y las comunidades indígenas pasaron a engrosar los márgenes pobres de la ciudad.

En el marco de estas acusaciones, Félix Díaz manifestó que “estoy muy preocupado por la manipulación de las causas penales cuando se trata de nosotros los indígenas”. Y agregó que “cuando pedimos que se investigue cualquier delito contra un indígena eso nunca se investiga, por ejemplo en casos de muertes en accidentes, enfermedades, homicidios a indígenas”.

También denunció que “en esta misma causa hay policías acusados, que no fueron investigados ni procesados”.

Un juez de Formosa me acaba de procesar por una causa de usurpación que nunca aceptaré porque no es una causa penal. Pertenezco a aun pueblo preexistente al estado y exigimos el respeto de esos derechos consagrados en la constitución nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en otras herramientas jurídicas que protegen y amparan a los pueblos indígenas”, indicó.

Foto: Marcelo Arias