Por Gustavo Hierro  /  Fotos: Juan Carlos Casas



Los exagerados comparan a este conflicto con una guerra en pequeña escala, tan hipotética como imaginaria o improbable, entre un ejército del Norte y un ejército de los Andes. La realidad muestra, en cambio,una fuerte disputa de intereses económicos -con chisporroteo político incluido- entre las provincias de Cuyo, que representan a la industria vitivinícola, y las del NOA, donde se estableció la cadena de valor del azúcar.

Un proyecto de ley que está en el Congreso de la Nación las enfrenta, y aunque hay negociaciones febriles, la salida diplomática parece complicarse, en especial porque en el medio aparecen otros actores –los productores citrícolas y los de fructosa de maíz- que reclaman afectaciones a sus propios intereses. Es, en resumen, una disputa entre distintas economías regionales. Después de todo, nadie quiere quedarse afuera de un negocio que mueve 23 mil millones de pesos al año en la Argentina: el de las bebidas sin alcohol de consumo masivo.

Toma uno

El incidente que desató la compulsa interprovincial partió de una picardía empresaria de los cuyanos. El diputado del Frente para la Victoria por Formosa, Luis Basterra, presentó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda (que dirige su par porteño, Roberto Feletti) un proyecto destinado a cambiar el régimen vigente de gravámenes a las bebidas sin alcohol. Los cambios incluyen beneficios, y hasta incluso la desgravación del tributo, hacia aquellos industriales que incluyan en sus bebidas, como saborizante, una determinada proporción de jugos de fruta.

Fiel a los intereses de la región que representa, el NEA, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería elaboró el borrador en colaboración con técnicos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y con la Asociación de Citricultores de Entre Ríos, entidades muy interesadas en la enmienda.

El régimen vigente (ley 24674), cuya última modificación fue en la presidencia de Raúl Alfonsín, fija un impuesto del 24 por ciento a las bebidas analcohólicas y la eximición del impuesto a aquellos empresarios que incluyan al menos el 10 por ciento de jugos naturales como saborizantes.

El proyecto de Basterra propone subir el impuesto al 28 por ciento, gravar con un 2,8 por ciento a las bebidas que incluyan un 10 por ciento o más de jugos de fruta en sus fórmulas, y otorgar la exención total a quienes saboricen las bebidas con al menos el 20 por ciento de jugos naturales.

También fija en 32 por ciento el gravamen a las bebidas energéticas, dado su carácter superfluo y no saludable. Lo cierto es que el régimen vigente para los gravámenes a las bebidas sin alcohol generó algunas diferencias importantes entre productos, con ventajas para algunos y castigo para otros.

Con la ley vigente, gaseosas de marcas como Coca Cola o Pepsi pagan un 24 por ciento de impuesto, otras como el pomelo Shweppes o 7UP (que utilizan alrededor de un 10 por ciento de jugos de pomelo y de lima respectivamente), además de diversas aguas saborizadas, quedan exentos del pago, y en una tercera categoría, jugos de las marcas Baggio o Cepita, que llevan un componente de jugo natural igual o superior al 20 por ciento, tampoco pagan impuestos.

De aprobarse el proyecto Basterra, las gaseosas cola o bebidas sin jugos naturales agregados pasarán a tributar el 28 por ciento, las gaseosas o aguas con el 10 por ciento o más de saborizantes naturales pagarán un 2,8, mientras que para el tercer grupo (las que incluyen al menos el 20 por ciento de jugos naturales) la exención será total.

Guerra dulce

Así las cosas, la presentación del borrador de la ley de jugos hizo sonar una chicharra de alerta en Cuyo, donde los popes de la industria vitivinícola vieron en el proyecto del formoseño un “caballo de Troya” ideal para entrar a jugar en el negocio de las bebidas sin alcohol con un insumo propio: el mosto de la uva.

La excitación recorrió con rapidez los despachos de las gobernaciones cuyanas, de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), del Instituto Nacional de Vitivinicultura y de los diputados nacionales de la región. “La posibilidad de volcar al mercado interno parte del jugo concentrado de uva como endulzante, nos puede ayudar en parte a recomponer la renta dentro de la cadena, que viene sufriendo mucho en los últimos años”, explicó Hilda Wilhelm de Vairetti, titular de Coviar.

Ni cortos ni perezosos, los cuyanos introdujeron cambios a la iniciativa parlamentaria y elaboraron un expediente propio que además busca extender las exenciones a los industriales que utilicen mosto, no como saborizante, sino como endulzante. “Todo lo que hacemos es defender economías regionales con mano de obra intensiva y trabajo argentino, que de esta forma ven una salida para la colocación de sus productos”, añadió Wilhelm.