Es una mala semana para la minera Yamana Gold, ayer la Corte Suprema de Justicia citó a tres de sus sus directivos para declarar por una causa por contaminación de otra de sus minas, La Alumbrera, en Tucumán. Esta vez la misma Corte hizo a lugar el pedido de vecinos de la localidad catamarqueña de Aldalgalá quienes se openen a que la empresa instale una mina allí. 

El Máximo Tribunal resolvió que la Justicia provincial no podía rechazar un amparo sin analizar el planteo de los vecinos, que impugnaban la forma en que la provincia de Catamarca había evaluado el proyecto Mina Agua Rica. Mandó dictar una nueva sentencia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso de los vecinos de Andalgalá contra la sentencia del Superior Tribunal de Catamarca que había rechazado su amparo. En el caso, los vecinos habían demandado a la empresa Minera Agua Rica LLC Sucursal Argentina, Yamana Gold Inc, a la provincia de Catamarca y al Municipio de Andalgalá con el objeto de obtener la suspensión de todo tipo de trabajo de construcción destinado a la explotación de las Minas de Agua Rica, ubicadas en los nevados del Aconquija. También pidieron el cese definitivo del emprendimiento por afectar los derechos a un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la integridad física y a la propiedad de todos los habitantes de la región.

En su amparo explicaron que Catamarca aprobó el emprendimiento en forma condicionada mediante la resolución 35/09 de la Secretaría de Minería provincial. Afirmaron que aprobar en forma condicional un proyecto es ilegal, porque -sostuvieron- que ni la legislación nacional ni la provincial admiten que se apruebe un emprendimiento bajo la condición de que la empresa minera en forma previa a iniciar los trabajos subsane las objeciones y observaciones formuladas por la misma provincia.

Los vecinos agregaron que si el proyecto no cumplía con los requisitos de protección ambiental, entonces no debía aprobarse de ninguna manera el emprendimiento. El por qué de la unión de los vecinos es simple, la zona en la que se quiere emplazar la mina es clave ambientalmente, pues allí se unen numerosos cursos de aguas que bañan zonas muy bajas. Todo este agua es vital para el desarrollo de la vida en Aldalgalá. La más minima contaminación significaría un grave peligro para los habitantes y para la producción regional.

Explicaron que la explotación prevé la utilización de volúmenes masivos de agua y que generará desechos contaminantes lixiviados. Acompañaron en ese sentido un informe de la Universidad Nacional de Tucumán que advierte sobre el peligro de filtración de los cursos de agua.

En su decisión, la Corte Suprema consideró que la resolución 35/09 tanto aprueba el estudio en forma condicional. Un daño ambiental allí puede ser muy grave e imposible de reparación en el futuro.

En ese sentido explicó que la misma provincia de Catamarca aprobó en forma condicionada el proyecto minero porque admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes de iniciar los trabajos para explotar la mina.

Recordó la importancia capital de los estudios de impacto ambiental, que constituyen una herramienta central de política ambiental que deben efectuarse sobre bases científicas, previamente al comienzo de las obras y con participación ciudadana tal como lo establece la Ley General del Ambiente.

Concluyó que la justicia de Catamarca no podía rechazar el amparo que plantearon los vecinos de Andalgalá sin haber tenido en cuenta estas consideraciones, y mandó por ello a dictar una nueva sentencia al superior tribunal de justicia.

Cada vez les cuesta más a las empresas mineras establecerse en nuestro país, la estrategia que tantos frutos les dio en décadas pasadas, parece no resultarles ahora. La unión entre los vecinos y el acceso a la información son claves para frenar la instalación de estas emprsas que pretenden extraer nuestros recursos naturales sin cuidar el medio ambiente.