Tras varios años sin definiciones, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza determinó que la ley 7722, que limita la minería a cielo abierto con uso de cianuro en territorio provincial, es constitucional.

La votación de los siete miembros del máximo tribunal local fue unánime, ya que Jorge Nanclares, Herman Salvini, Julio Gómez, Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro y Pedro Llorente se pronunciaron en contra del pedido de las mineras, que acudieron a la Justicia una vez que se sancionara la norma, que fue altamente celebrado por los sectores ambientalistas.

En los fundamentos se superponen consideraciones en torno al derecho a la vida, la protección del ambiente y también derechos consagrados por la Constitución Nacional, para dejar en firme la prohibición de sustancias contaminantes (ácido sulfúrico, arsénico, cianuro, mercurio) en la extracción de minerales metalíferos

El litigio se remonta a 2007 cuando una docena de mineras con intereses en Mendoza, tras la promulgación de la ley, comenzaron a interponer sucesivas demandas individuales con un mismo foco: su inconstitucionalidad.

La causa se unificó con la carátula “Minera Del Oeste SRL y ots. c/ Gobierno de la Provincia p/acción de inconstitucionalidad”, y ocho años después, con infinidad de informes y muchas prowwwas de organizaciones ambientalistas en el medio, la Suprema Corte había anticipado que se pronunciaría antes del fin de 2015. 

Sin dudas, el episodio desatado con la minera Barrick Gold en San Juan, por el derrame de solución cianurada en las aguas del río Jáchal, aceleró la sentencia e incluso modificó posturas.

Mario Chabert, presidente de la Camem (Cámara Mendocina de Empresas Mineras), admitió que las expectativas no eran buenas para el sector. “Lo que pasó con Veladero a partir de un informe periodístico fue decisivo, y esto era lo que estábamos esperando… No es un fallo legal ajustado a derecho sino político y producto de la presión de un grupo de fundamentalistas de organizaciones pro-ambiente”, afirmó. 

Las 10 empresas litigantes, en adelante, deberán decidir si siguen o no la vía del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.

Durante la vigilia por el fallo definitivo, organizaciones ambientalistas como la Asamblea por el Agua, Autoconvocados de Uspallata y Multisectorial de Alvear, entre otras, llamaron a manifestaciones en distintos puntos de la provincia, con un mensaje directo para que la Suprema Corte se pronunciara en defensa de la constitucionalidad de la 7.722.

Hubo tres consignas: sin licencia social a la minería, “el agua no se negocia” y “plena vigencia de la ley 7.722

Desde hoy, cuando se conozcan las precisiones de la sentencia, empezará a dilucidarse qué será del futuro de varios proyectos mineros que aguardaban, para saber de sus planes. Además de Cerro Amarillo (pórfidos de cobre) y Hierro Indio, pendientes de aprobación legislativa, empieza a confirmarse el desdoblamiento del proyecto de cobre y oro San Jorge que, luego de extraer ambos metales del yacimiento en Uspallata, lo procesará en San Juan. Está en duda Sierra Pintada, que requiere de ácidos para la extracción de uranio en el sur.

Por imperio de la ley, San Jorge ya se había reformulado. Del presupuesto original de U$S 600 millones, con unos 400 puestos de trabajo (incluía extracción y procesamiento por flotación en Mendoza), se redujo a U$S 300 millones, de los cuales inicialmente 1/3 quedará en la provincia y el resto (tratamiento de óxidos) se concentrará en San Juan.

Las repercusiones por el fallo de la Corte no se hicieron esperar y en las redes sociales los grupos defensores del medioambiente celebraron la decisión judicial como “una victoria de la vida sobre la megaminería contaminante”.