Los vecinos de San Antonio de Arredondo ganaron una lucha que vienen arrastrando desde 2013, cuando por medio de la ONG Adarse se opusieron a la construcción de un barrio exclusivo dentro de un área en la que la empresa GAMA S.A. tenía que talar bosque nativo. La jueza de Villa Carlos Paz, Vivivana Rodriguez hizo lugar al amparo de la ONG y detuvo la construcción del barrio.

Es muy importante el fallo porque sienta un precedente fundada en la Ley de Bosques y más en este momentos en que el oficialismo y el gobierno nos quieren hacer creer que están armando un proceso participativo para debatir la norma legal. Este fallo es fruto de una lucha colectiva de muchos años que contó con un gran respaldo popular como lo fue la audiencia pública en San Antonio de Arredondo que la jueza obligó a la Provincia a organizar en enero pasado con un récord de asistencia, al igual que el festival que se realizó previamente en la misma localidad”, declaró a PrensaRed la abogada de la ONG Marcela Fernández.

La obra se iba a presentar en un terreno serrano de 56,8 hectáreas, de las cuales 19,5 debían ser talando bosque nativo, protegido por la Ley Nacional 26.631. Se trata de tierras catalogadas como Zona Roja, es decir, que no contemplan ninguna intervención del hombre. El Fallo, ejemplar, ordena detener la construcción y emplaza a la empresa, propiedad de Jorge Petrone, a remediar el daño que durante este tiempo ocasionó, desmontando algunas hectáreas de este predio.

“En un plazo de 180 días a partir de que quede firme la sentencia, previo relevamiento del daño que deberá realizarse en conjunto con la Secretaría de Ambiente y de Bosques de la Provincia de Córdoba”, afirma el fallo.

Marcela Fernández comenzó su campaña para defender el bosque nativo en 2013, cuando presentó el amparo para frenar la construcción del barrio.

Todo empezó cuando vimos un enorme cartel de GAMA con una esplendorosa foto de Susana Giménez y de las 23 torres que iban a construir en un predio total de 56 hectáreas. Esto nos movilizó inmediatamente, y un mes después presentamos el amparo que después de cuatro años fue admitido por la Justicia. En la presentación solicitábamos que se paralizarán las tareas de desmonte, condenar a la empresa GAMA SA a remediar el daño causado y revocar las autorizaciones que existieran para ese proyecto”, expresó Fernandez, quien recordó que el emprendimiento inmobiliario fue aprobado por la Secretaría de Ambiente, por el que fueron imputados los ex funcionarios Federico Bocco y Raúl Costa.

“En todo este tiempo que pasó los involucrados en la denuncia pusieron muchos palos en la rueda con la presentación de apelaciones en todas las instancias judiciales hasta que finalmente la audiencia pública fue clave para que finalmente la Justicia nos diera la razón”, concluyo esta mujer que logró, junto al apoyo de gran parte de la comunidad, defender el bosque nativo.