El Juez de Control de Garantías Dr. Rodolfo Cecenarro falló a favor de un amparo presentado por un grupo de ambientalistas que se oponen al proyecto minero de Agua Rica (Catamarca), que planea extraer oro y plata en la sierra de la Aconquija, a 3.300 metros de altura, en tieras vírgenes. El magistrado se pronunció de esta manera imitando la acción de la corte que en marzo de este año hizo lugar al recurso de queja que los ambientalistas presentaron en noviembre de 2012.

El Juez Cecenarro entiende que hasta que el proyecto minero, mejor dicho, la empresa que lo administra, Minera Agua Rica (Yamana Gold es en realidad la propietaria) no “asegure que el proyecto es viable con respecto al medio ambiente, presentando un estudio de impacto ambiental” no podría continuar trabajando allí.

La empresa Minera Agua Rica en 2009 ya había entregado un informe de impacto ambiental, que la Secretaria de Minería de Catamarca había aprobado pero con algunas objeciones. De esta manera, para el Juez Cecenarro el proyecto minero está aprobado pero aún no ha hecho a lugar a las objeciones que en su momento se objetaran del referido informe de impacto ambiental. “Por lo tanto, al no existir estudios, las actividades deben suspenderse“, sentencia.

El proyecto Minero Agua Rica está a 25 km. al norte de la localidad de Andalgalá, en el sector sur de la Sierra del Aconquija. Es una explotación de oro, cobre, plata y molibdeno en una zona de difícil acceso, con alturas superiores a 3300 msnm. La instalación se ubica a unos 35 km. de Bajo de la Alumbrera, uno de los más grandes proyectos de megaminería en el mundo.

“Dado que se persigue un bien colectivo como el ambiente sano y equilibrado, resulta indispensable la prevención del daño futuro mediante la realización del estudio de impacto ambiental previo al inicio de las actividades mineras, a fin de evitar consecuencias sobre las que existe cierta seguridad de que pueden suceder”, señala el fallo del juez catamarqueño.

“El principio de precaución refiere que ante el peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas para impedir la degradación del ambiente”, continúa el escrito.

La medida aún puede ser apelada y en caso de que se hiciera lugar la causa debería ser elevada a la Cámara de Apelaciones. A pesar de esto, el fallo del Juez Cecenarro fue festejado por los Vecinos Autoconvocados de Andalgalá quienes ya en 2012 se habían dirigido a la Corte Suprema para expresar su rechazo a este proyecto. Luego de 40 meses de trámites y estrategias judiciales, y de tener que hacer uno de mucha paciencia, la Corte Suprema en marzo de este año falló a favor de estos vecinos que quieren otra clase de modelo de desarrollo para su tierra.