Por Daniel Gutman

La soja avanza, arrastrada por el crecimiento económico de China y de India y la necesidad de proteínas para alimentar a cientos de millones de personas. En el camino, es una fuente de riqueza y una oportunidad de desarrollo para la Argentina, Brasil, Paraguay y otros países de Latinoamérica y del mundo. En el camino también, a la soja se la señala como responsable de arrasar con bosques y selvas, con lo que provoca pérdida de biodiversidad y contribuye al cambio climático. Con sus toneladas de agroquímicos, de contaminar ríos y deteriorar suelos. Al expulsar mano de obra, de generar migración del campo a las ciudades y disparar conflictos sociales, incumplimiento de las leyes laborales y disputas por la tierra.
Todo esto no lo dicen solamente organizaciones ambientales radicalizadas o partidos de izquierda. Lo dicen también muchas de las grandes corporaciones internacionales de la agricultura, la alimentación, la comercialización, las finanzas o el combustible, que también se nutre de la soja para fabricar biodiésel.
Sobre la base de que esos efectos negativos de la soja existen, Cargill, Unilever, Nestlé, Carrefour, el Grupo Santander y Shell son algunos de los gigantes de los negocios que se unieron hace cinco años en una asociación que tiene por objetivo mitigar el impacto social y ambiental de la producción y la industrialización de soja en el mundo.
A lo largo de los últimos cinco años, la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS, por su sigla en inglés) desarrolló los estándares de producción de acuerdo con los cuales la soja puede ser considerada responsable. El proceso culminó el año pasado, con la consagración de cinco principios: cumplimiento de las leyes y buenas prácticas empresarias; condiciones de trabajo responsable; relaciones responsables con la comunidad; responsabilidad ambiental y buenas prácticas agrícolas. Y la verdadera culminación llegó este mes, cuando las primeras 85.000 toneladas de soja, certificadas como responsables, llegaron al puerto de Rotterdam, en Holanda. Su productor fue el Grupo André Maggi, un gigante agrícola que cultiva casi 140.000 hectáreas de soja en el Matto Grosso y otros estados del país. Viluco, una empresa agrícola del Grupo Lucci con plantaciones de soja en Tucumán y Salta, está a punto de lograr la primera soja certificada de la Argentina.

Discusiones. El proceso está siendo legitimado por unas cuantas organizaciones no gubernamentales de fama mundial, como World Wildlife Fund (WWF) y The Nature Conservancy, que son miembros de la RTRS. Ello no deja de generar controversias, ya que otras ONGs rechazaron la asociación y sostienen que no es otra cosa que una jugada de grandes empresas que buscan no hacer ningún cambio pero, al mismo tiempo, mostrarse activos ante las demanda de mayor sensibilidad social y ambiental, que crece en todo el mundo.
Para Isabella Vital, responsable de políticas en ganadería y soja de WWF en Gran Bretaña, esa actitud esconde una incapacidad: “Este tipo de asociaciones implican una manera de trabajar a la que muchas ONGs no están acostumbradas y a la que nunca se van a acostumbrar. Significa que tenés que sentarte a hablar con otros actores que no están de acuerdo con vos y que no tienen los mismos objetivos tuyos. Todas las proyecciones apuntan a una expansión del cultivo de soja. Si la gente come cada vez más carne, hará falta más soja para alimentar a los animales. Por ese motivo son muy importantes esquemas como el de la RTRS. Tenemos que asegurarnos que la forma en que la soja creció en el pasado no se repita. Que el crecimiento sea organizado, planeado y sustentable”.
El modelo de certificación de producción responsable ya tiene varios antecedentes. Desde los años 90 existe el Forest Stewardship Council, una organización que acredita que muebles de madera y otros productos forestales fueron producidos con criterios sustentables. Y hace cerca de diez años se fundó la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable, que certifica la producción de ese cultivo, que durante años ha arrasado bosques y creados conflictos sociales en países como Indonesia y Malasia.

Apuestas. “Hoy se siembran unas 105 millones de hectáreas de soja en todo el mundo y la producción es de 250 millones de toneladas. Las proyecciones indican que para 2040 se necesitará aumentar el área sembrada a 170 millones de hectáreas y también mejorar el rendimiento, para llegar a 450 millones de toneladas. El mundo necesita las proteínas que tiene la soja para alimentación humana y animal. Debemos convencer a todos los actores para que la soja se produzca de manera más responsable. De otra manera, las consecuencias serán muy negativas”, dijo el holandés Jeroen Douglas, presidente de la RTRS, durante la conferencia que se desarrolló el 15 y el 16 de junio en Buenos Aires.
Justamente Holanda aparece como el gran impulsor de la soja responsable. El pequeño país europeo importa cada año casi 9 millones de toneladas de soja, la mayor parte de las cuales son luego enviadas a otros países. Y Holanda está realizando una gran presión para que cambien los modos de producción de la soja en Sudamérica.
De hecho, la Conferencia de Buenos Aires fue abierta por el agregado agrícola de la embajada holandesa en la Argentina, Frederik Vossenaar, quien anunció que la industria de la alimentación de su país tomó el compromiso de que el ciento por ciento de la soja que importe esté certificada como responsable para 2015. “Necesitamos reducir la presión sobre el ecosistema que genera la soja. Hay que generar entusiasmo en este proyecto, que contagie a otros mercados y a otros gobiernos. Con la comercialización del primer embarque de soja certificada, hemos puesto la primera gota de agua en el océano”, dijo Vossenaar.

Paradojas. La presión por una soja con menor impacto negativo viene mucho más por el lado de la demanda que de la producción. Uno de los integrantes de la RTRS es Lantmannen, una gran empresa de alimentación, agricultura y energía sueca, con negocios en todos los países escandinavos y más de 10.000 empleados. Su responsable de sustentabilidad, Claes Johansson, dijo a El Federal: “Por supuesto, en Suecia y otros países europeos la mayor parte de los consumidores no sabe que la soja es una parte crucial en el proceso de producción de la carne y de la leche, y la voluntad de pagar un mayor precio por productos sustentables varía. Pero a los consumidores los preocupa el impacto negativo de la producción de comida y en mayor o menor medida dan por garantizado que los productos que compran son producidos de una manera responsable”.
El desafío de la RTRS, en ese sentido, es lograr un mayor nivel de confianza y adhesión en países productores como la Argentina, que de todas maneras ya tiene grandes grupos como Los Grobo sentados a la mesa de la asociación. Otro tema es que los precios de las auditorías no repercutan en los costos de la producción de soja. “Si este proceso significa mayores costos, el mercado no lo va a aceptar”, reconoció Agustín Mascotena, el argentino que es director ejecutivo de la RTRS, quien dijo que el objetivo es llegar en 2012 a un millón de tonedas de soja certificadas como responsables.