Mendoza, al igual que Chubut tienen legislaciones ejemplares: prohíben la megaminería. Pero para las ideas del gobierno nacional, estas leyes que deberían ser un ejemplo a imitar en las demás provincias, significan un obstáculo para su proyecto de abrir el negocio minero para que empresas de todo el mundo vengan a extraer nuestros recursos naturales, a cambio de contaminar el medio ambiente.

Hace unos días atrás terminó en Mendoza la Mesa de Diálogo Minero que fue el instrumento por el cual el gobierno de Mendoza pretende socializar la orden del Ejecutivo nacional para que no sólo se abra un debate que en la provincia cuyana ya se hizo, y por medio del cual se prohibió la megaminería, sino para blanquear una intención que se camufla con mesas de diálogos y consensos y que sólo quiere abrirle las puertas a las empresas extractivistas.

La idea es mostrar algo imposible de llevar a cabo: una megaminería sustentable. Por definición la minería a cielo abierto es contaminante, para llevar adelante la extracción de oro y plata, por ejemplo, se necesitan elementos químicos como uranio, entre otros, que son pasivos que dañan el medio ambiente, contaminan cauces de ríos y generan daño para la salud de los trabajadores del sector y principalmente para los habitantes de los pueblos que deben convivir con estos emprendimientos.

En los próximos días, según adelantó el diario Los Andes, llegarán a Mendoza representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAMEM) y un equipo de la Secretaría de Minería de la Nación, para mostrar números que tienen como objetivo seducir a los políticos mendocinos para que reformulen la actividad minera en la provincia. El equipo de avanzada les podrá mostrar las ganancias que genera la actividad minera en las provincias que sí permiten el extractivismo, por ejemplo San Juan, con U$S 3.000 millones y Catamarca, U$S 4.000 de ganancias netas. Lo que no informan es que casi la totalidad de este dinero no queda en el país, aunque lo que sí permanece en nuestro suelo en la contaminación. Veladero y La Alumbrara son ejemplos de esto.

Para el subsecretario de Minería, Hidrocarburos y Energía, Emilio Guiñazú, “están analizándose las 52 ponencias de la mesa de diálogo acerca de cuestiones ambientales y socio-económicas para elaborar una propuesta de matriz. El objetivo no es mirar el corto plazo sino la política minera a 20 años”, declara a la prensa mendocina. Dos décadas es más o menos la vida útil de una mina.

Desde el gobierno mendocino se quiere instalar la idea de que es posible una minería sustentable y que para que no queden dudas de que no se pretende modificar la ley que prohíbe la extracción de metales pesados en la provincia, Ley 7722 que regula la actividad -aseguran- “no se tocará” Se apunta, dicen, a regular la explotación de hierro, por ejemplo, que sería destinado a las obras del Plan Belgrano.  La idea es modificar la Ley 8434 que regula la llamada segunda minería como canteras y minas de menor porte.

En Mendoza están en danza varios proyectos que esperan sólo una mínima señal para arrancar, como “San Jorge”, para extracción de oro y plata, “Cerro Amarillo” (oro y cobre) y “Sierra Pintada” (uranio), todos proyectos que generan un alto impacto ambiental. Los ambientalistas sostienen que se pretende modificar primero las emprendimientos de hierro, por ejemplo, para luego avanzar sobre la megaminería.

La voz oficial la tiene el Presidente de la CAMEM, Mario Chabert: “Estamos 10 años atrasados en el mapa de  inversiones. Por eso no hay que pensar que 2017 sea para explotación sino para exploración” Este es finalmente el plan: iniciar rápidamente la explotación, sin conocer los impactos que esta actividad generará en una provincia que ya en el año 2007 le dijo no a la minería a cielo abierto.