El lobby sojero se habrá adjudicado la victoria al conocer el fallo de la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que confirma la resolución en primera instancia que denegó una medida cautelar que fue cursada por un grupo de ciudadanos que denunciaron a las provincias sojeras y las empresas como Monsanto solicitando que se suspenda la aplicación de agrotóxicos, particularmente de glifosato.

La demanda cayó en diciembre sobre las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos y también para el Consejo Federal de Medio Ambiente (CEFEMA) y fundamentalmente contra las empresas que producen agrotóxicos, como Monsanto Argentina, Syngenta, NideraDow AgroSciences. La demanda de suspender la aplicación de glifosato se pide fundamentando sus consecuencias nocivas para el medio ambiente y la salud de aquellas personas que deben estar en contacto con este veneno.

La polémica -y fría- decisión del tribunal establece que para los casos ambientales en los que los agrotóxicos son considerados nocivos “la interpretación debe efectuarse desde una moderna concepción de las medidas necesarias para la protección del medio. Ello no exime de efectuar un balance provisorio respecto de la perspectiva de la ocurrencia de un daño grave e irreversible y que este supuesto aparece, en la causa, vinculado con el peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho, extremos que no se lograron acreditar”

La historia de esta demanda comienza en diciembre de 2016, cuando el fiscal Fabián Canda dictó una medida cautelar para que se suspenda la aplicación de los llamados “paquetes tecnológicos” que necesitan las semillas transgénicas, el glifosato y demás herbicidas y fungicidas que se aplican sin control en casi todo el país, pero en forma sistemática en las provincias denunciadas (la zona núcleo), ocasionando graves daños a la salud de los animales, de las personas y modificando el medio ambiente. El fiscal considera la prohibición de usar el glifosato en un radio de cinco kilómetros de poblados y ríos. 

Desde aquel diciembre había esperanzas de que la Justicia considerara todas las argumentaciones que les fueron brindadas acerca de la toxicidad y peligrosidad de pulverizar agrotóxicos cerca de cauces de ríos y poblaciones, en otros lugares del mundo, por ejemplo en California, el glifosato debe llevar una etiqueta de cancerígeno. En nuestro país las consecuencia por fumigar en forma desmedida ha provocado que toda la cuenca del Paraná esté contaminada no sólo con este productos sino con toda clase de herbicidas. El periodista Patricio Eleisegui actualizó este año su libro “Envenenados” donde relata los casos de ciudadanos que padecen las consecuencias de haber estado en contacto con los agrotóxicos.

El glifosato, que provoca cáncer, y a pesar de todas estas argumentaciones en su contra, para la Justicia Federal debe continuar usándose sobre nuestra tierra, envenenándola.