La empresa Barrick Gold domina la agenda de la justicia y la política en San Juan. El Juez que tiene jurisdicción en Jáchal, Pablo Ortija reconoció que la causa penal que investiga el segundo derrame de agua cianurada de la mina Veladero podría quedar archivada porque no “está demostrada la contaminación” El lobby de la empresa canadiense es fuerte en la provincia y se hace sentir en las decisiones de la Justicia.

La cronología de la contaminación acusa una fecha determinante, el 8 de septiembre de 2016 según la empresa un bloque de hielo impactó sobre los caños en el valle de lixiviación que transportan agua cianurada, provocando la rotura de estos y derramando un volumen que nunca se determinó de este liquido contaminante. Como ha sucedido con los demás derrames, la empresa intentó ocultarlo y los propios operarios de la mina divulgaron la noticia entre sus familiares y luego llegó a la prensa.

La empresa, cuando no pudo frenar los rumores, aseguró que se habían “concretados las tareas necesarias para contener el derrame dentro de la zona segura” A partir de allí Barrick Gold negó toda clase de contaminación, poniendo todos los obstáculos para que inspectores fueran a Veladero a comprobar el estado de la mina y la forma en la trabajan los operarios. El juez Ortija siempre fue sospechado por la Asamblea Jáchal no se Toca por considerar que siempre mantuvo una postura que favoreció a la empresa canadiense. El propio juez advirtió que por este derrame no hay imputados en la causa.

La Justicia actuó a pedir de Barrick Gold y de la empresa china Shandong, dueña del 50 por ciento de Veladero. El Juez Ortija apoya el pedido de archivo de la causa que aconseja el fiscal Sohar Aballay, quien basa esta decisión “en las declaraciones de dos ingenieros pertenecientes a la Policía Minera de San Juan, cuatro empleados de la empresa Barrick y la jefa de Calidad y Control de Aguas del Departamento de Hidráulica”. Llama la atención que el fiscal no haya tomado declaración a especialistas en medio ambiente independientes. Para Aballay en el segundo derrame “no se comprobó que los líquidos derramados en el Valle de Lixiviación, hayan llegado a algún curso de agua de la zona”, incluso fue más lejos al dictaminar que no “produjo un perjuicio a la salud pública ni el medio ambiente” De esta manera entiende que no hay delito y aconseja archivar la causa.

El próximo paso lo dio el juez Ortija, al determinar que “en todos los testimonios se llega a la misma conclusión que es que no hubo contaminación” La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental de la Procuración General de la Nación dio el marco intelectual a la propuesta de archivar la causa, su estudio ambiental fue usado por el fiscal y el juez para llegar a la conclusión de que Barrick Gold no contaminó.

Hace algunas semanas atrás, la Asamblea Jáchal No Se Toca difundió un estudio que hicieron especialistas de la Universidad del Cuyo donde demostraban que el agua potable de Jáchal tenía altos niveles de mercurio. Sobre esto, la Justicia no emite opinión.

Barrick Gold comenzó a contaminar los ríos de San Juan el 13 de septiembre de 2015 cuando derramó más de un millón de litros de agua cianurada que llegó hasta el Río Potrerillos y Las Taguas, contaminando estos cursos de agua. Un año después produjo un nuevo derrame, que ahora aseguran que no contaminó y el 28 de marzo de 2017 la empresa ocasionó el tercer derrame en menos de dos años. En todos los casos la empresa desestimo la contaminación y siempre intentó ocultar estos hechos. La Justicia, en los tres casos ha sido cómplice y nunca ha oído a las víctimas de la pésima gestión empresarial: los habitantes de Jáchal y los operarios que deben trabajar en esa mina que está asentada en zona periglacial, protegida por la Ley, la misma que no se aplica para remediar el daño que ha ocasionado a la naturaleza la empresa extractivista.