Una Carta de Intención firmada entre la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) y el Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza abrió la puerta a un cambio histórico en el acceso y utilización del agua por parte de campesinos sin tierra que ahora podrán producir, en un territorio extremadamente árido, sin ser criminalizados.
La medida, firmada en marzo en la capital provincial por el titular de la SAF, Emilio Pérsico, y el superintendente del organismo que gestiona el recurso hídrico, José Luis Alvarez, está al tope de los reclamos de las organizaciones campesinas para quienes “la cuestión de la tierra es la cuestión del agua”.
El documento es, además, una consecuencia directa de la ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad” en el país, votada el último diciembre en el Congreso y, en los hechos, la primera norma que brinda seguridad jurídica a los pequeños productores, a los sin tierra y a los trabajadores rurales.
“El agua aquí es un monopolio, como los medios o productos dominantes. La ley 1.884 -un acuerdo de pocas familias- es muy vieja y no se toca pero el acaparamiento de agua existe y es la lucha de la UST (Unión de Trabajadores Sin Tierra)”, dijo a Télam Horacio Suárez, de la comunidad La Estación, en Jocolí, 40 kilómetros al norte de Mendoza ciudad.
 
Las 40 familias que componen La Estación acaban de ganar la posesión -la DGI reconoció la ocupación ancestral y transfirió- de 7.000 hectáreas, situación que llena de esperanza a Suárez, quien resaltó que para acceder al agua para el riego, las autoridades exigen “un precario (dominio de la tierra) por lo menos”.
 
La comunidad surgida tras el estallido del modelo neoliberal en 2001, que dejó a sus miembros sin el tren diario que pasaba por Jocolí -nombre de un cacique huarpe- con cargas de cebollas, ajo y uvas, piensa ahora cómo y qué producir en el nuevo contexto, porque apuntan a “mejorar la calidad de vida” de sus integrantes. “Muchos se han ido y hoy están en la periferia de Mendoza, pero otros están volviendo. Somos muy apegados al territorio y hoy día trabajamos fuertemente porque hay futuro”, añadió el hombre, parado al lado de un mural de la Virgen de los Zapatistas (con un pañuelo rojo cubriendo su rostro en señal de resistencia) en la estación Jocolí, por donde antes pasaba el tren.
 
La agenda de la UST mendocina, integrante del Movimiento Nacional Campesino-Indígena (MNCI) Vía Campesina (VC) que va para los 15 años de trabajo, tiene los siguientes puntos: regularización de usos del agua ancestrales, actualmente criminalizados; acceso a derechos de agua en tierras incultas; construcción de reservorios para captar agua de lluvia y la construcción de perforaciones para extraer agua en zonas donde no hay derecho superficial.
 
Diego Montón, reconocido referente del MNCI y vecino del lugar, relató que la criminalización es “por no tener un derecho formal y legal. Sólo en Jocolí hay más de 10 casos. Aunque no hay detenidos hubo denuncias, imputaciones, les pintaron los dedos, sufren aprietes y amenazas, les tapan las entradas de agua y hasta dañan las viviendas”. El referente nacional e integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) resaltó además la firma de la Carta de Intención entre la SAF y la DGI, porque “nos permitirá trabajar en conjunto para reactivar la agricultura familiar. Logramos algo que antes era imposible”.
Sin embargo, pese a que el gobierno nacional depositó dinero para regularizar la tenencia de la tierra y obras de infraestructura de riego, hay demoras: “el dinero está trabado y no llega. Parece que la Dirección de Desarrollo Territorial mendocina no está preparada para este tipo de acciones tan importantes para nosotros. Nos están perjudicando con la tardanza”, afirmó Montón.
 
Muy cerca de estas discusiones pero con el cuerpo puesto en el hacer, Nidia Araya se instaló, luego de ganar un juicio, en una antigua finca de 200 hectáreas en las que junto a otras tres familias producirán alfa, zapallos, cebollas y girasol. “Yo era una obrera rural y por ser mujer me pagaban menos que a los hombres. Trabajaba de 7 a 21.30 juntando cebollas, sin guantes, sin nada y con apenas comida y agua. Empecé a ir a la organización (UST), donde encontré a otros que les pasaba lo mismo: nos explotaban”, detalló Nidia, de contextura menuda pero fuerte.
Uno de los desarrollos productivos más interesantes de la UST -en fábricas colectivas en Jocolí, San Martín y Tupungato- es el tomate triturado y entero, cuya calidad los vinculó con los chefs más prestigiosos de Mendoza, sumado a la elaboración de cerezas en almíbar, néctar, mermelada, vinos con precios que ponen en evidencia a quienes empujan los procesos inflacionarios en el país.
 
Entre tantas historias de luchas y de logros, de proyectos y de sueños, Horacio Suárez resume que el impacto de las medidas acordadas con el gobierno nacional y provincial es que “la gente empieza a pensar que el agua le pertenece”. “Por ahora el canal y el agua son ajenos. Que los cambios sirvan para una nueva ley de agua”, acotó Montón.