Desde que el 27 de febrero de 1812, el general Manuel Belgrano enarboló la Bandera Nacional a orillas del río Paraná, se emitieron diferentes decretos y leyes sobre su confección, color y uso. Una semana antes, por sugerencia de Belgrano, el Triunvirato había creado la Escarapela Nacional con los colores celeste y blanco, y sobre ese diseño la primera bandera fue cosida por doña María Catalina Echevarría de Vidal, una vecina de Rosario.

Pero al Triunvirato le disgustó la idea porque consideró que no era conveniente para la política exterior de ese momento. Por lo tanto, la primera disposición sobre la bandera fue la orden de esconderla.

La siguiente, fue la oficialización por parte del Congreso de Tucumán, a pocos días de declarada la Independencia Nacional. “Elevadas las Provincias Unidas en Sud-América al rango de una Nación, será su distintivo la Bandera Celeste y Blanca que se ha usado hasta el presente”, determinaron los diputados, el 25 de julio de 1816. La disposición tenía especificaciones en la ubicación de los colores, ordenándolos en tres franjas horizontales, de igual tamaño, dos de ellas celestes y una blanca en el medio. Se indicaba, también, que debía reproducirse en el centro de la franja blanca de la bandera oficial, “el sol figurado en la moneda de 8 escudos y de la plata de 8 reales que se encuentra grabado en la primera moneda argentina, por ley de la Soberana Asamblea General Constituyente del 13 de abril de 1813, con los 32 rayos flamígeros y rectos colocados alternativamente y en la misma posición que se observa en esas monedas”. Por último, aclararon que “el color del sol será el amarillo del oro”.

Pero no siempre mantuvo ese diseño. En la época de Juan Manuel de Rosas, cuyos partidarios se identificaban con el color rojo, mientras que los unitarios lo hacían con el celeste, el Restaurador de las Leyes, para evitar confusiones, mandó a oscurecer hasta el azul las franjas y agregó cuatro gorros frigios, uno en cada ángulo.

En 1853, luego de que el general Justo José de Urquiza desalojara a Rosas del poder, la Bandera Nacional volvió a su celeste original y debió pasar más de un siglo de su creación para que, el 8 de junio de 1938, con aprobación del Congreso de la Nación, el entonces presidente de la República, Roberto M. Ortiz, promulgó la Ley 12.361 que fija como Día de la Bandera y lo declara feriado nacional, el 20 de junio, fecha de la muerte de su creador, el general Belgrano, ocurrida en 1820.

En 1944, el Decreto 10.302 del 10 de mayo, realizó precisiones sobre todos los símbolos nacionales, incluida la Bandera, retomando el espíritu de la disposición del Congreso de Tucumán.

Fue en 1999, durante el gobierno de Carlos Menem, que el decreto 858 adoptó las medidas más detalladas en la historia de la Enseña Patria. Tras reafirmar las características indicadas en 1944, en los considerandos sostiene que “en relación al color celeste, cabe aclarar que éste es una tonalidad más clara correspondiente por color azul”.

Luego de aclarar que se había requerido la opinión del Instituto Nacional Belgraniano y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para resolver “el problema de la diversidad de la composición de los colores de la Bandera Nacional asignados por distintas instituciones públicas nacionales y provinciales”, dispuso como límite el 20 de junio de 2000 para que se unificaran todas las enseñas patrias en el territorio nacional.

El anexo del decreto, especificaba que la tela debía ser poliéster, de confección lisa, sin costura, cuando su ancho no supere los 150 centímetros. La proporción entre el ancho y el largo de la Bandera, será de 1 por 1,5 a 1 por 2, respectivamente. En caso de la Bandera de Ceremonia utilizada en los actos públicos y desfiles, debía estar confeccionada en doble tela, con el sol bordado en ambas caras en relieve, sin relleno, con hilo metálico bañado en oro o similar dorado.

Pero tanto detalle fue en vano. El 23 de febrero de 2001, el Decreto 233 firmado por el presidente Fernando de la Rúa y su ministro del Interior, Federico Storani, derogó la disposición de Menem, por entender que no se fundamentaba por qué se había elegido ese celeste, ni las tinturas y telas que se especificaban. Dijeron también que el costo de cada bandera era de 80 pesos, que exigía que se repusieran las banderas de todos los organismos públicos del país, y sospechaban que la medida estuviera dirigida a beneficiar a un solo fabricante. Desde entonces, la Dirección Nacional de Asuntos Públicos constituyó una comisión para estudiar la cuestión, y no se volvió a hablar del tema.