Por Matilde Moyano

Tras el operativo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que reprimió a la comunidad mapuche ‘Pu Lof en Resistencia’ el pasado 1 de agosto en Cushamen, provincia de Chubut, el cual tuvo como resultado la desaparición forzada de Santiago Maldonado, los medios de comunicación hegemónicos de nuestro país adoptaron la estrategia de estigmatizar al pueblo originario mapuche, no solo para distraer sobre la gravedad de este hecho ocurrido en democracia, si no también para encubrir los intereses ecónomicos que están en juego en la Patagonia.

«El pueblo originario mapuche ha forjado una compleja historia de más de 300 años de resistencia a la dominación de la corona española. Finalmente, sólo fue sometido militarmente hacia fines del siglo XIX, cuando los ejércitos chileno y argentino llevaron a cabo la operación militar denominada ‘Pacificación de la Araucanía’ en Chile, y ‘Campaña al Desierto’ en nuestro país, consolidando de este modo, las fronteras de ambos países en un proceso en el cual el genocidio signó la conformación de ambos estados nacionales para luego transformarse en etnocidio o genocidio cultural. »

Esto es lo que explica el Dr. Juan Carlos Radovich, Licenciado en Ciencias Antropológicas, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA), y Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), en un comunicado que difundió la Sociedad Argentina de Antropología (SAA) ante esta situación repleta de información falsa que intenta poner en duda la legitimidad del reclamo y los derechos de nuestros pueblos originarios.

Desde El Federal nos comunicamos con Radovich para alumbrar un poco lo que hay detrás de las mentiras:

> Cuando se acusa a los mapuches de terroristas, ¿cuáles son los intereses que se busca encubrir además de los intereses del Grupo Benetton?

En términos de tierra hay muchos intereses, hay propietarios que ya vienen de la época de la Conquista del Desierto, incluso apellidos que coinciden con funcionarios del actual gobierno, como Bullrich, Pinedo, Anchorena, hay unos cuantos.

Pero también hay intereses de otro tipo como el petróleo. En el área de Vaca Muerta donde ahora se está implementando extracción de gas principalmente con la técnica del fracking, que es bastante conflictiva y está en discusión en muchos países del mundo. Hay comunidades que están reclamando su reconocimiento como tal, y el Estado Provincial, por ejemplo, no lo quiere aceptar. Hay comunidades que vienen sufriendo contaminación directa desde hace 30 o 40 años, primero con YPF, Repsol, con la explotación convencional de hidrocarburos, y ahora con esta nueva técnica, que es el fracking, que es bastante peligrosa.

> ¿Cuáles son las empresas que hacen fracking?

Por un lado YPF concesionando a Chevron, Tecpetrol, hay varias. Dentro de los grandes yacimientos se distribuyen proyectos, como Loma Campana por ejemplo. Hay áreas de explotación, y algunas son concesionadas a empresas y de esa manera se distribuye esa explotación.

> ¿Además del petróleo, qué otros intereses hay?

Hay terratenientes en términos de grandes extensiones pero, por ejemplo, en la zona de Villa La Angostura hay comunidades reclamando una superficie que no es muy grande, pero sobre la cual tienen derechos históricos. Incluso se comprobaron documentos, como los propios mapas del ejército de comienzos del siglo XX, y ahí hay una gran especulación inmobiliaria en tierras que tienen un valor impresionante porque está en zonas periurbanas de Villa La Angostura, donde se pueden llevar a cabo emprendimientos inmobiliarios y turísticos como countries y golf.

> En 2014 hubo un conflicto en Villa La Angostura

En 2014, en 2009, hubo varios. La represión que se produjo en Cushamen (2017) se dio en Villa La Angostura hace 7 u 8 años con la policía o la gendarmería nacional entrando a los tiros, maltratando y golpeando a gente mayor, niños y mujeres.

> ¿La pertenencia de las 900.000 hectáreas que tiene el Grupo Benetton es legítima?

Ellos tienen títulos de propiedad, las han comprado. Eso antes era la antigua estancia llamada de Los Ingleses. Son casi un millón de hectáreas. Se legitimó su propiedad después, luego de la expoliación de los pueblos indígenas.

> ¿Precisamente en qué año?

Fines de los ’80, principios de los ’90. Básicamente con Menem, quien durante su presidencia dijo en un discurso “Vengan a la Argentina que lo que sobra es tierra”. Con la generosidad que lo caracterizaba logró que muchos extranjeros compraran tierras en Argentina, lo cual llevó a que hace unos años se promulgara una ley de limitación de la compra de tierras por extranjeros. Luego, apenas asume Macri, a través del decreto 820 la flexibiliza, lo cual hace que esa ley pierda esa fuerza que tenía.

> ¿Hay alguna diferencia entre el reclamo de las tierras por parte de los mapuches en la Patagonia y el resto de los conflictos de los pueblos originarios en el país, como en el norte?

Puede haber matices en términos de especificidades locales, provinciales. Pero básicamente el problema territorial es lo que unifica el reclamo de las comunidades y las organizaciones indígenas, ya sea porque avanza la frontera agropecuaria, entonces cada vez están más arrinconados en el noroeste, en la región chaqueña, en Santa Fe.

> Con respecto a lo que se habla sobre la Resistencia Ancestral Mapuche, el grupo RAM, que algunos medios dicen que quieren crear una nación, ¿es verdad?

Eso es un invento que siempre está presente para deslegitimar los reclamos. En Argentina se aprobó el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) donde se reconoce toda una serie de derechos y se establece la necesidad de consulta cuando alguna norma de interés nacional afecta los territorios, y se habla de ‘pueblo’, entonces había países que no querían aprobarlo porque al hablar de pueblo decían que se asocia a ‘nación’ y ‘estado’ y que podía pasar que quieran crear un estado, pero es un argumento para negar sus derechos, un argumento de Patricia Bullrich por ejemplo, criminalizando a los mapuches.

> ¿Y nunca se escuchó a ninguno de ellos decir esto?

No. Y podría haberlo, pero de todas maneras no es un proyecto de organizaciones. Ninguna de estas organizaciones tiene en su agenda crear un estado mapuche. Ellos reclaman en diversos documentos y asambleas el derecho a la autonomía, que es un reclamo que profundizaría ciertas prácticas democráticas, como ocurrió en Bolivia por ejemplo, y en otros países como Nicaragua, Colombia, Panamá, Ecuador. Son formas autonómicas que permiten la mayor libertad en el manejo de los recursos, en la organización local, en llevar a cabo las actividades productivas, por ejemplo.

> Tienen derecho a poder organizarse. ¿Y con respecto a las acusaciones sobre agresiones hacia las estancias?

Eso yo no lo sé. Hubieron algunos atentados firmados con esa sigla RAM, y yo sospecharía del origen.

> ¿Podrían haber sido falsos?

Sí, para legitimar a través de los medios que la gente es violenta, destructiva, etc.

> Hay una especie de logo, que toma el símbolo original de los mapuches y tiene armas a los costados.

El otro día hubo declaraciones de dirigentes mapuches de otras provincias, de Río Negro, de Neuquén, negando esto y afirmando que la RAM es un invento de los servicios.

> ¿Entonces no hay motivos para considerarlos “guerrilleros” o “terroristas”?

No, eso es un absurdo. Es buscar un enemigo interno, demonizar, acentuar la represión. Es el proyecto antidemocrático de este gobierno para aplicar su política de ajuste, una política que hay que enfrentar en términos de denuncia.

> Sobre la desaparición de Santiago Maldonado, ¿por qué tanta gente no es consciente de todo esto que está pasando y lo atribuye a una cuestión política?

Eso también es la labor de los medios. La desaparición forzada de Santiago Maldonado por parte del Estado, está comprobado prácticamente que fue la gendarmería, y hay testigos. La complicidad del gobierno es terrible. A mí particularmente, que viví en la Dictadura, me provoca escalofríos.

Es un tema muy delicado, y se banaliza. Se le atribuyen cuestiones por las cuales estaría justificado que le pasara algo, si era un hippie, tatuador, anarquista o lo que fuera, podría ser todas esas cosas juntas y no tiene ninguna importancia, se trata de un ciudadano, de un hermano, uno de nosotros que ha sido violentado por las fuerzas represivas del estado.

Hay que poner energía para reclamar la aparición y que se haga justicia.


Ahora es importante que el Congreso de la Nación trate la prórroga de la Ley 26.160 (2006), que en noviembre perderá vigencia. Es una ley de emergencia territorial que protege a las comunidades de desalojos y dispone la realización de un informe catastral de las tierras ocupadas.