La megaminería tiene amplios beneficios en nuestro país, bajo el paraguas del gobierno nacional Barrick Gold consiguió que le levantaran la suspensión sin que el juez responsable fuera a la mina, ahora la empresa Minera Alumbrera Limited e YMAD, subsidiaria de la suiza Glencore consiguió que otro juez federal anulara la suspensión que pesaba sobre las minas Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno en Catamarca sin presentar un estudio de impacto ambiental. La corrupción y la contaminación, van de la mano.

El juez federal subrogante Ricardo Moreno decidió levantar la medida cautelar que fue ordenada por la Cámara Federal de Tucumán que obligaba a suspender todas las actividades de la minas por contaminación al medio ambiente. Moreno optó por beneficiar a la minera fundamentándose en informes de la Secretaría de Minería de Catamarca, principal beneficiaria del trabajo extractivista que se produce en las minas, muy cuestionadas por su contaminación de los aguas y el suelo en Aldalgalá.

Para el juez, “la actividad minera llevada a cabo por las demandas ha sido objeto de controles periódicos, la medida precautoria (que suspendía las actividades de las minas) se ha tomado teniendo en cuento un informe pericial del 2008, que se origina en una tesis del 2002, con información de 1999, circunstancia por la cual no reflejaba la situación actual de la actividad” La ignorancia del magistrado es supina, ya que considera que los metales pesados se pueden erradicar del agua en pocos años.

Bajo La Alumbrera es una de las minas de cobre más grandes del mundo. Comenzó a operar en el año 1997, y a través de un informe del Instituto Miguel Lillo de Tucumán dos años después ya se difundió “la presunta contaminación detectada en la localidad de Ranchillos, ubicada en el este tucumano, como consecuencia del vertido de efluentes provenientes de la planta de secado de la empresa” Las aguas tenían un alto porcentaje de cobre. “Los efectos negativos del cobre para la salud pública (gastrointestinales) son probables a largo plazo dado la capacidad de este metal de bioacumularse tanto en peces como humanos que consumen la fauna acuática”, afirmó en el año 2013 un documento de la UBA y el CONICET.

A principios de julio de este año la Cámara Federal de Tucumán ordenó suspender las actividades de la mina que cerrará su producción en 2018 hasta tanto no presente un seguro de caución y un informe de impacto ambiental para dimensionar todo el daño ambiental que ha hecho en veinte años. Glencore, que tiene su sede en Suiza, entregó el seguro, pero no el informe. Para el juez interviniente la presencia de un aval monetario fue suficiente para destrabar la suspensión y dejarle vía libre a la empresa para que retome la producción.

“Si la cautelar estaba condicionada a la contratación de un seguro de caución, de la documental analizada, dicha exigencia fue cumplida, de esta forma se hace procedente el levantamiento de la medida peticionada”, ordena el fallo de Moreno. Acerca de la necesidad de entregar un informe de impacto ambiental, algo que para la Justicia está en un segundo plano, el juez ordenó que en un lapso de veinte días personal de Gendarmería Nacional deberá tomar muestras de agua y suelo, algo que ya se hizo en el año 1999, y puesto que la empresa Glencore jamás mejoró el circuito de producción no habría razones para creer que aquella contaminación que se denunció hace tantos años hoy haya desaparecido.

La velocidad con la que se levantó la suspensión debería verse por la parte económica: Catarmarca recibe 120 millones de pesos anuales y el Estado Nacional 1200 por la actividad de Glencora en Andalgalá. El hecho de que esta actividad produzca contaminación, es para la política un efecto secundario que no merece ninguna transcendencia.