La industria extractivista minera está creciendo en el país amparada por leyes que protegen e incentivan estos proyectos en los que los únicos que ganan son los propietarios de las minas, en detrimento de un daño ambiental muchas de las veces irreversible. Ayer el Subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, anunció los avances en las gestiones entre el Gobierno mendocino y la empresa brasileña VALE con el fin de reactivar el proyecto Potasio Río Colorado en Malargüe, abandonado por esa firma en diciembre de 2012.

En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el funcionario destacó que la compañía extranjeran“está tomando los pasos necesarios para darle una chance a la reactivación del proyecto”. El primero de ellos es definir la reingeniería del proyecto, que será menos ambicioso que el que se diagramó originalmente, el cual preveía una inversión de 6.300 millones de dólares.

La compañía acusa haber invertido hasta el momento en que se retiró de Malargüe unos U$S2.600 millones, aunque Guñazú señaló que ese monto se trata de “costo hundido, que no debe ser considerado para el futuro”. En esta primera etapa, los brasileños saldrán a buscar inversores y deberán evaluar “cuánto le falta para ser concluido”, porque “el proyecto como lo conocimos ya no va más”.La mina es fuertemente cuestionada por ambientalistas de Mendoza y principalmente de La Pampa ya que implica la utilización de 1 m3 por segundo de agua del río Grande, que desemboca en el Colorado.  “Además de ser un río para regadío, el Colorado nos provee de agua, incluso hasta en la ciudad de Santa Rosa y estamos a punto de comenzar a construir el acueducto hacia el resto de la provincia, siendo una solución muy importante para los problemas hídricos que sufrimos”, añadió la Senadora pampeana Norma Durango. La minera usaría una cantidad muy grande agua, bajando el caudal, además de devolver el agua con elementos químicos.

Lo que sí está claro es que la reactivación requerirá menores inversiones ya que de las 4.3 toneladas de extracción anuales que se estableció en el programa original, se disminuyó a 1.3, por lo tanto se simplificará la logística, “poniéndolo mucho más al alcance de posibles inversores”. Esta menor cantidad de las sales a extraer provocó que se descarte su traslado de 350 kilómetros por vía ferroviaria, razón por la cual la empresa anunció el remate de 42 mil toneladas de rieles y maquinaria para la traza.

Una vez definidas estas cuestiones, se avanzará a la segunda etapa, la prefactibilidad, que se prevé se extienda por 90 días, lapso durante el cual se terminará de definir lo que se requiere para volver a producir; para pasar la etapa definitiva, la factibilidad para definir valores y cronograma de trabajo. Esta última se extenderá por aproximadamente un año.

Si bien las condiciones del convenio original se mantendrán, como la de contratación de mano de obra local, los trabajadores de la minería de la provincia deberán aguardar al menos 18 meses, cuando recién podría iniciar la actividad en obra.