Por Leandro Vesco / Fotos Télam

El cauce seco pampeano del río Atuel quiere volver a humedecerse con la bendición del agua para sentir otra vez la fertilidad y de esta manera muchos pueblos y parajes puedan pensar en un futuro a partir de esta reparación histórica que tiene una causa tan injusta, como es el uso unilateral de las aguas de un río con competencia interprovincial.

La Corte Suprema de la Nación fijó un plazo de 60 días para que la provincia de Mendoza conwwwe la demanda promovida por La Pampa por el uso y aprovechamiento de las aguas del río Atuel, cortado por la provincia cuyana en la década del 40 y que provocó un severo daño ambiental y económico.

El máximo tribunal aceptó tramitar de manera “directa” y “exclusiva” el reclamo por daños y perjuicios que impulsa La Pampa, en el marco de una disputa que se inició en 1947, cuando comenzaron las obras del dique El Nihuil en tierras cuyanas. De los cinco brazos del río, actualmente solo queda activo el arroyo de La Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas en La Pampa, lo que provocó daños económicos, ambientales y sociales a lo largo de décadas.

La provincia demandante sostuvo que las autoridades de Mendoza causaron “un inmenso daño social en el noreste” de La Pampa, región que “fue condenada al atraso en su desarrollo y al éxodo de su población debido al uso arbitrario del agua de ese río”. La demanda también involucra al Estado Nacional como “tercero interesado”, por supuesta negligencia en la administración del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, en las afueras de la ciudad mendocina de San Rafael.

Los reclamantes sostienen que Mendoza redujo el caudal hídrico del Atuel, privando a la población de La Pampa de desarrollar una “vida digna” y provocando “un significativo daño ambiental, que debe ser remediado e indemnizado”.

En el planteo de La Pampa se incorporan novedosos elementos de carácter internacional en materia de recuperación y restablecimiento de ecosistemas y humedales. En ese sentido, procura extenderlos al caso, al requerir caudales ambientales y productivos, tanto en lo que respecta a la cantidad como a la calidad del agua que deberá llegar a territorio pampeano.

Mendoza tiene 60 días para dar una respuesta y también soluciones. Un recurso natural no puede ni debe ser considerado un bien al que se lo puede usar en forma exclusiva, privando a seres humanos de los beneficios del agua, en este caso. El fallo de la corte sentará un buen precedente. La Pampa y su desierto esperan hace casi un siglo que vuelva el agua.