Una bandera blanca con letras negras permanece atada al alambrado perimetral del predio en que la empresa Monsanto construye desde hace un 10 meses una planta de producción de semillas transgénicas de maíz. La bandera dice: “No a Monsanto en Córdoba y América Latina”.

Es que las asambleas socioambientales de esa provincia se mantienen en estado de alerta y exigen que la población de Malvinas Argentinas pueda elegir si quiere o no que la semillera instale en ese lugar la planta de producción de semillas de maíz más grande de Latinoamérica. En respuesta al bloqueo por parte de los ambientalistas, Monsanto decidió la semana pasada suspender las obras de construcción.

Los asambleístas acusan a Monsanto de incumplir los pasos legales para la instalación. La empresa respondió a través de un comunicado. “Monsanto cumple con todos los requerimientos legales para la construcción de dicha planta. En enero de este año obtuvo el permiso de obra correspondiente por Ordenanza N° 821/13 por parte del Concejo Deliberante del Municipio de Malvinas Argentinas, que descansa sobre la actuación de los organismos públicos idóneos para llevar adelante la defensa del ambiente y de los recursos hídricos de la provincia. Posteriormente, en abril de este año, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba desestimó una petición de medida cautelar y por lo tanto autorizó la continuación de la obra. Monsanto ha presentado ya el estudio de impacto ambiental que es necesario para operar la planta y que está en proceso de análisis por parte de las autoridades provinciales”.

La acusación de la Fundación para la Defensa del Ambiente, una organización no gubernamental, es que la empresa obtuvo la autorización cuando los organismos no estaban conformados por personas idóneas en salud y ambiente. “La autorización es ilegal”, dijo Raúl Montenegro, el presidente de esa ONG. Y por eso denunció penalmente al secretario de Medio Ambiente de Córdoba, Luis Bocco, y al anterior funcionario de la misma área, Raúl Costa. La organización ambientalista pide que se revoque la autorización a Monsanto.

En el mismo sentido se expresó la asamblea Malvinas Lucha por la Vida. “La autorización es fraudulenta porque no se cumplió con la Ley 25675, la Ley General del Ambiente, que ordena estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de la instalación de plantas semilleras como las de Monsanto”. La compañía reconoció -como se expresa más arriba- que el estudio de impacto ambiental está bajo análisis de las autoridades.  

El lunes 24 de octubre, un grupo de madres de Malvinas Argentinas presentó ante la justicia un recurso de amparo “para defender el derecho de los niños y de las futuras generaciones a gozar de un medio ambiente sano”, explicó la ONG Malvinas Lucha por la Vida en su perfil de Facebook. “Al mismo tiempo, se pide la nulidad del permiso otorgado por la Secretaría de Ambiente y su organismo, la Comisión Técnica Interdisciplinaria, a Monsanto para la construcción de la planta.”

¿Cómo sigue el tema?

La principal preocupación de los vecinos está en el uso de dos productos con los que Monsanto “curará” las semillas de maíz -que no irán para el consumo, sino para la producción de biocombustibles-: los agrotóxicos Poncho y Gaucho. Así explica el proceso la Red Universitaria de Ambiente y Salud. “El ´tratamiento´ de impregnar de venenos las semillas se desarrolla en grandes tanques rotativos con dosificadores especiales; Monsanto dice que usa 31 ml de Poncho y 33ml de Nativo por bolsa; como cada bolsa alcanza para sembrar una hectárea de campo y la factoría va a producir semillas para 3,5 millones de hectáreas, esto significa que Monsanto en Malvinas Argentinas utilizará 108.000 litros de Poncho y 112.000 litros de Nativo (si solo usan esos pesticidas). Pero el folleto de fábrica de Poncho° dice que la dosis es mucho mayor (160ml x bolsa), lo que elevaría el uso de Poncho° a más de 500.000 litros por año(4), pero en el “Aviso de Proyecto” de Monsanto estima que utilizara hasta 1,750,000 litros de agrotóxicos por año.”

 

Hubo puntos de acercamiento entre Monsanto y los ambientalistas. La semillera se sentó a debatir en televisión, el 28 de octubre, a través de Adrián Vilaplana, su gerente de relaciones corporativas, sobre la conveniencia o no de la instalación de la compañía en esa localidad. Antes, según informa en su comunicado, había ofrecido dialogar: invitó a los asambleístas que se oponen al proyecto a dialogar y a visitar su planta de Rojas, en la provincia de Buenos Aires. “Sin embargo, no han accedido hasta el momento ni al diálogo ni a realizar esta visita. Por el contrario, más de 300 personas de Malvinas han visitado dicha planta, donde pudieron conocer las dimensiones del proyecto y clarificar toda consulta acerca de este emprendimiento”, explicó la empresa en un comunicado. 

El cruce mereció también un párrafo político. El gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, dijo que la empresa “no contamina” y que quienes mantienen el bloqueo a la planta de Malvinas Argentinas, a 20 kilómetros de la capital provincial, responden al kirchnerismo.

“Este bloqueo atenta contra una oportunidad concreta de crecimiento, trabajo y desarrollo para la comunidad de Malvinas Argentinas, dado que pone en riesgo la construcción de esta planta, ignorando que en la Argentina existen más de 42 plantas de este tipo y que Monsanto cuenta con una planta similar en Rojas, provincia de Buenos Aires, donde opera desde hace más de 16 años en excelentes condiciones, sin riesgo ni antecedente alguno de contaminación”, dijo la empresa a la prensa.

La Asociación Semilleros Argentinos (ASA), la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) y MAIZAR, ARGENTRIGO, ASAGIR y ACSOJA se mostraron preocupadas por el bloqueo que tiene paralizada a la planta desde el 19 de septiembre, cuando los grupos ambientalistas iniciaron el bloqueo con un espectáculo musical englobado en la consigna: “Primavera sin Monsanto”.