Monsanto está a un paso de ser dueño de los puertos nacionales. De hecho, en la práctica, su mecanismo de controlar la soja que sale del país hace las veces de una aduana paralela. En estos días se está desarrollando el conflicto más grande que ha tenido que vivir el sector sojero, muy cuestionado, contra la multinacional. Monsanto quiere cobrar su genética y cobrar hasta el último poroto de soja que sale de nuestros puertos. La soja, sólo trae problemas.

Las principales entidades del campo -lideradas por la Sociedad Rural (SRA)- vienen llevando a cabo una ofensiva mediática y legal con el fin de doblegar al único dueño de la genética que se comercializa en la Argentina: Monsanto.

Con denuncias presentadas ante Defensa de la Competencia y la Secretaria de Comercio Interior, tanto la SRA como Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) buscan desactivar un mecanismo de control en puertos que la compañía comenzó a implementar en 2014.

¿El objetivo de la empresa? contrarrestar la piratería de su tecnología de transgénesis Intacta. Conocida en el ámbito de las organizaciones como “cláusula Monsanto“, comprende una operatoria que en la SRA no dudan de tildar de “Estado paralelo“: previo acuerdo con los exportadores, la empresa lleva a cabo un monitoreo compulsivo de los cargamentos de granos para detectar el uso no abonado de su genética. Es decir si un productor tiene granos de Monsanto sin declarar, tiene que pagarle los derechos de “autoría” que la empresa tiene sobre ese grano.

En caso de detectar que la soja entregada en el puerto no figura entre las bolsas comercializadas por la firma, Monsanto procede a cobrarles a quienes entregan los granos una tasa de 15 dólares por tonelada.

De oponerse, el empresario agrícola que liquida puede incluso ser llevado ante la Justicia. Para la SRA y la FAA, dicha medida representa un abuso al entender que un privado no debería atribuirse el rol de policía que le debe competer al Estado.

Además, argumentan que la medida viola marcos legales como la Ley de Patentes que veta la posibilidad de tener la posesión comercial de plantas cultivos.

Monsanto alega que es el poseedor de la patente correspondiente a su método de transgénesis, que es justo que quiera cobrar por su invención y que no tiene inconveniente alguno en enfrentar a las organizaciones en cualquier tribunal local, de ser necesario

“Esto es muy simple: hay productores y empresas que no quieren pagar por nuestra tecnología, luego de que la compañía ha invertido mucho para lograr este tipo de avances. Además, la compra de Intacta es opcional. Es decir que si no están de acuerdo con abonar una tasa por el uso de nuestra invención, tranquilamente pueden usar otras semillas“, afirmó Fernando Giannoni, director de Asuntos Corporativos de la multinacional.

El directivo de la empresa comentó que la Sociedad Rural quiere comprar la tecnología de Intacta y no pagarle más a Monsanto.  Al momento de buscar argumentos para no pagar, “mencionan cuestiones que nada tienen que ver con la discusión, como la soberanía alimentaria o la patente de las semillas“, completó el directivo, sin escrúpulos.

Monsanto es la comercializadora de toda la tecnología aplicada a la soja que hoy se vende en la Argentina. Su invención llega a los productores a través de las semillas que luego desarrollan compañías como Don Mario Nidera. La firma introdujo su primera semilla transgénica en 1996. Lo hizo a través de RR -“Roundup Ready”– que incorporaba resistencia al glifosato, elaborado también por la empresa.

Las semillas de Monsanto fueron la base del boom sojero en el país. Estas supersemillas lograban rindes nunca antes vistos, además de ser resistentes a los agrotóxicos. Pero una vez que la compañía se posicionó como líder en el mercado su mira se posó en cobrar regalías por la tecnología aplicada a cultivos.

Sin embargo, cuando Monsanto cuando quiso cobrar el uso de RR no pudo hacerlo porque en el país jamás se le reconoció la patente. Pero cuando sacó al mercado su “última invención” la semilla Intacta, aprendió de los errores del pasado y comenzó a negociar con los exportadores para que la empresa pueda revisar todos los cargamentos de soja que salen de los puertos argentinos. ¿El objetivo? detectar Intacta no declarada y facturar por eso.

El presidente de la Federación Agraria, Omar Princioe hace un panorama de la situación actual: “El actual marco de semillas establece un uso gratuito. Esto es que el productor pueda comprar una bolsa, sembrar, multiplicar para tener más semillas y no volver a pagar por elproducto”. “Monsanto quiere que se le pague por la semilla que se guarda y eso es ilegal. La ley dice que uno puede multiplicarla para uso propio, es decir, generar más”, explicó un vocero de CRA.

Además, especificó que cada vez que alguien le adquiere productos, su nombre queda asentado en el sistema de Monsanto.  “Si este año vos aparecés con granos originados en una compra que no les hiciste, te cobran la cláusula porque no adquiriste soja cada año como ellos pretenden“, agregó.

Para finalizar el referente de la Federación Agraria traza una preocupante predicción acerca de lo que puede pasar en un futuro muy cercano: “El inconveniente mayor pasa por el monopolio que tiene Monsanto con la genética. Hemos denunciado a la empresa en la Secretaría de Comercio Interior. Si se permite que cobren como lo hacen, ¿quién nos asegura que mañana no harán lo mismo con el tomate o con la papa que también ofrece la compañía?”, advierte no sin razón.