La titular del Juzgado Civil, Comercial y Minería N° 1 de Viedma, María Gabriela Tamarit, condenó a ALPAT a pagar una indemnización de 4.912.303,87 a los propietarios del campo en el cual la empresa, una de las principales fuentes de trabajo de la zona, arroja desde fines de 2005 sus desechos industriales en cuatro enormes cuencos construidos en el sector rural, los cuales “no se encuentran debidamente impermeabilizados”.

El fallo, que podrá ser apelado, revela los gravísimos daños que el acopio de residuos líquidos y sólidos provoca en el medio ambiente de toda la región, y que vecinos preocupados por esta problemática lo habían advertido.

La jueza valoró en la sentencia informes periciales que determinaron de manera coincidente el grado de contaminación progresivo que se registra, por lo que especialistas subrayan en el dictamen que se deben tomar medidas para mitigar los efectos.

La demanda fue iniciada por Oscar Sánchez y ante su fallecimiento fue continuada por familiares. Apunta a los perjuicios que padecieron en el establecimiento rural por los líquidos con altos niveles de salinidad y amoníaco que se filtran desde el predio que utiliza como vertedero la firma, que elevaron la napa freática y contaminaron los pozos del agua que bebe el ganado vacuno que allí producen.

Agregaron los gastos que les demandó el transporte de agua en camiones para el consumo de los animales, y que el daño registrado provocó que la actividad ganadera resultara inviable, y una notable desvalorización del campo, que ocupa 4.000 hectáreas. Además, destacaron que no solo ellos fueron afectados, sino también otros campos de la zona, por lo que el escenario alcanzaría “la dimensión de un desastre ambiental”.

Desde ALPAT negaron las acusaciones y aseguraron haber cumplido con la legislación y reglamentación ambiental.
Sostuvieron que la salinidad de los pozos se debe a que “puedan ser afectados por la intrusión de agua marina”, mientras que arguyeron respecto al amoniaco que “dicha sustancia puede encontrarse naturalmente en el medio”.
En su defensa, la firma aseveró que “los hechos en que gira la demanda son falsos y que, por 1o tanto, no podrán ser acreditados”.

Asimismo, por esta causa se inició otra por el delito de “contaminación de residuos peligrosos” que investiga la Unidad fiscal 3 de Viedma, con competencia en “Delitos Complejos”, indica el dictamen. Además, las sospechas del daño al entorno natural que provocarían los efluentes ya había sido advertido en 2016 por el Observatorio Ambiental Permanente.

De la sentencia resarcitoria por 4.912.303,87 pesos, corresponden 774.890 a daño emergente de gasto de agua; 2.574.583,87 por lucro cesante y 1.562.830 por daño moral.