Siete años después la Justicia de Río Negro decidió multar con $90.000 a los propietarios de un emprendimiento inmobiliario que se halla en la península San Pedro y al empleado que contrataron para desmontar bosque nativo, quemar los restos forestales y aplicar glifosato para matar la vegetación del predio, particularmente rosa mosqueta y retama.

La ONG Árbol de Pie fue la impulsora de la denuncia que afecta a cinco hectáreas de la Península San Pedro. La asociación ambientalista hizo notar la tardanza con la que la Justicia emitió el fallo: siente años después de producida la denuncia. La decisión de multar a los responsables de este hecho recayó en el juez Cristian Tau Anzoátegui.

Según difunde el diario Río Negro, los acusados argumentaron que el desmonte estaba aprobado con “autorizaciones específicas” del Servicio Forestal Andino, y que el glifosato estaba permitido en el año 2010, cuando hicieron la pulverización sobre la flora nativa. La ONG recordó que a través de su denuncia el uso de este agroquímico se prohibió en todo el municipio, norma que rige hasta la actualidad.

Para el Juez, los propietarios del emprendimiento inmobiliario, Rafael Bone y Jorge Gonzalez, al igual que su empleado Joel Contreras Bahamondez actuaron de manera “ilegitima e irresponsable por excederse en los permisos concedidos y poner en riesgo la supervivencia de las especies del lugar” Por estos motivos el magistrado decidió multarlos con la suma de $90.000, dinero que deberán depositar para la Cruz Verde de Río Negro. La medida del juez fue apelada por los responsables del desmonte.

Los acusados pretendían remediar lo echo reforestando el lugar, haciendo una “reparación en especie” El Juez entendió que esto no era posible, ya que, basándose en un estudio de la Universidad del Comahue que asegura que las tierras de la Península San Pedro tienen un impacto antrópico (intervención del hombre) de por lo menos más un siglo atrás, sería imposible “atribuir sólo a los demandados el estado actual del lugar”.

A pesar de esto, el fallo es claro, los imputados “hicieron un uso incorrecto y abusivo de los permisos para limpiar el terreno” Acerca del uso de glifosato, para el juez “no existe certeza sobre la cantidad y el modo en que fue utilizado ni del daño que produjo sobre la flora y la fauna”, aunque se comprobó que fue para eliminar rosa mosqueta y retama, acciones que se encuadran en un “trato desinteresado y agresivo con el ambiente”.