En una declaración firmada por docentes e investigadores de la UNCo se expresó que “preocupa la intención de concretar de manera expeditiva una iniciativa que no cuenta con el acuerdo de sectores de la sociedad civil de las comunidades que habitan esos territorios”.

Es llamativo que en un contexto internacional en el que la cuestión ambiental se instala como tema prioritario de las agendas públicas de los gobiernos, en una provincia patagónica tan rica en diversidad ecológica como Neuquén, no se consideren los riesgos que implica para el presente y el futuro responder con inmediatez a los intereses de grupos de inversión inmobiliaria”, sostuvieron en el comunicado.

El comunicado de la comunidad universitaria señala que los habitantes de Villa La Angostura y San Martín de los Andes han expresado su disconformidad ante el avance de la urbanización de las zonas de fragilidad ambiental.

Señalaron que además de la cuestión ambiental, “no se han evaluado los probables escenarios de impactos negativos para economías locales relacionadas con el turismo y la producción agropecuaria”.

Según indica el medio Río Negro, la modificación de la ley habilitará la transformación de, al menos, nueve puntos claves en la zona cordillerana.

Según el proyecto presentado, la protección del total de la superficie de bosque nativo, cuando fue aprobada la ley en 2010, era de 543.917 hectáreas, número que subió a 594.628 en el nuevo proyecto. Se incorporaron 86% más de hectáreas en color rojo, y un 43% más de hectáreas en color verde. Mientras que las hectáreas en color amarillo cayó un 33%. El centro del cuestionamiento es que la ley vigente contenía algunas categorías intermedias como la naranja y amarillo urbano que fueron eliminadas. Las organizaciones socioambientales indicaron que 900 hectáreas quedaron sin categoría y están “desprotegidas”.