Palpalá tiene la triste fama de ser la localidad más contaminada de todo el país, durante décadas el Parque Industrial Alto La Torre vertió gases y líquidos tóxicos a una cuadra de tres barrios, desde el año 2006 un grupo de 28 familias denunció al Municipio por daños físicos por el nivel de plomo en la sangre y este semana el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy dictó sentencia favorable para los familias denunciantes quienes deberán ser recompensadas económicamente.

Leonardo Quintar, abogado de las familias calificó como histórico el fallo ya que no sólo demuestra que durante todos estos años las empresas que se asentaban allí, una fábrica de ácido sulfúrico, una fundidora de plomo, y diversas fundidoras de metal y plástico produjeron uno de los más graves hechos de contaminación de nuestro país, que el Municipio y las autoridades provinciales quisieron callar. 

Las consecuencias que produjo el plomo en la sangre de los vecinos de la localidad, pero especialmente del Barrio 23 de Agosto son inmorales y desastrozas, hay registros de niños nacidos con retraso mental y madurativo, otros con falta de desarrollo físico, hormonal, de los órganos, y personas que nacieron sin extremidades superiores e inferiores. El juicio fue largo y tanto la Municipalidad como la Provincia intentaron poner toda clase de obstáculos para que este fallo que le da la razón a los vecinos contaminados no se produjera.

En el año 2015 la Secretaria de Gestión Ambiental provincial en una visita al Parque Industrial de Palpalá reconoció enormes irregularidades por parte de las empresas, ordenando la suspensión de varias de ellas. El Municipio, atendiendo esto, les quitó la habilitación a las empresas Sulfhaar SRL y Lead Metal, pero las empresas continuaron trabajando con total impunidad ya que a su favor manifiestaban que la suspensión de actividades las debía hacer el gobierno provincial y no el municipal. Desde entonces alrededor de 15 empresas trabajan en el Parque Industrial sin ningún control. En el mismo lugar también funciona la planta transformadora de energía eléctrica de la localidad, que también provoca contaminación. Todo esto se desarrolla a pocos metros de viviendas en donde tratan de vivir decenas de vecinos que tienen toda clase de daños en su salud.

No sólo está el Barrio 23 de Agosto sino el Florida y el California. La vida que les tocó vivir no es fácil, sin recibir ninguna protección estatal, deben cerrar sus persianas y poner trapos húmedos debajo de las puertas para no sentir el olor putrefacto que emanan las chimeneas de las fábricas. En el Hospital Wenceslao Gallardo, el neumonólogo tiene pacientes con alteraciones y enfermedades producidas por contaminación de metales pesados. La corrupción en Palpalá es acaso la contaminación más grave que deban padecer los vecinos de esta localidad de 44.000 habitantes que ha crecido desde la primera presidencia de Perón al ritmo de la industrias. Todos estos desarrollos jamás tuvieron en cuenta el impacto ambiental que producía el “progreso” en la ciudad.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia trae la primera luz de esperanza, no sólo porque sienta un importante precedente para que nuevas familias puedan presentarse a la justicia, sino para la región, ya que en la vecina Abra Pampa, la empresa planta Metal Huasi, una industria fundidora de plomo, cerró de un día para el otro dejando todos sus residuos tóxicos al aire libre. Los vecinos de Abra Pampa, según el asesor legal de las familias de Palpalá, Leonardo Quintar, podrán tener mayores posibilidades de obtener alguna compensación por tener que soportar las consecuencias de la contaminación. A pesar de esto, nadie les podrá devolver un brazo, un pulmón o la inteligencia perdida a todas estas familias. El Estado es el único responsable de esto.