Por Leandro Vesco / Fuente: La Nueva

En un año en donde el interior profundo debió sufrir inundaciones, el gobierno bonaerense abrió un nuevo frente de conflicto con el campo al pretender adelantar las cuotas del impuesto inmobiliario rural. La sorpresiva medida originó una inmediata reacción en cadena de instituciones, dirigentes y productores.

“Quieren cobrar todo antes de las elecciones”, es la síntesis de las quejas de agricultores y ganaderos de todas las zonas de la provincia. Tradicionalmente, el inmobiliario rural se cobraba en los meses de marzo, julio y noviembre. Pero ahora el gobierno bonaerense pretende hacerlo en febrero, mayo y julio. O sea que en el mes en que se abonaba la segunda cuota debería estar saldada la totalidad de la contribución.

Los pequeños productores son los que más resisten esta medida ya que no ven traducidas en obras estos impuestos y piensan que el dinero irá a pagar la costosa campaña electoral que se está llevando a cabo y que necesita de grandes sumas de dinero para financiarse. Además el campo ha estado pasando duros momentos los últimos meses, con caminos inundados y poblaciones enteras incomunicadas.

La Mesa Agropecuaria Provincial, al rechazar la medida, afirmó que se “modifican calendarios sin previo aviso” y agregó que ello “impide afrontar inversiones productivas tal como estaba previsto”. Asimismo, sostuvo que se centra el cobro en el primer semestre, “desconociendo que gran parte del territorio bonaerense -caso sudeste y sudoeste- tiene ingresos por tipo de producción focalizados en el segundo semestre del año.

“Medidas como la decidida por el titular de ARBA, Iván Budassi, no hacen más que dejar en evidencia una vez más la discrecionalidad en el manejo de lo público”, dijeron algunos productores que rechazaron las modificaciones y se resisten a cumplir con el nuevo calendario.

Budassi admitió que podría considerarse una solución política a través del diálogo, luego de apuntar que del inmobiliario rural, el 35 por ciento se destina a los municipios y el 65 por ciento restante a obras viales e hidráulicas. Precisamente por estos últimos aspectos la resistencia del sector rural es tan fuerte ya que no se perciben obras en estas áreas.

“Nos quieren cobrar el inmobiliario rural casi todo junto cuando no ponen un peso para arreglar las rutas por donde se traslada la producción. Es una burla que no podemos aceptar”, manifestaron.

La mesa directiva de Carbap se reunió el martes pasado, a fin de analizar la situación, que mereció severas críticas de todos los concurrentes al encuentro. “Este cambio nos provoca sorpresa y nos preocupa por la presión que supone en el primer semestre del año”, dijo Horacio Salaverri, presidente de Carbap.