El dinero es lo único que parece importarle al gobierno. En una medida impensada el propio presidente Mauricio Macri esta semana se comprometió a impulsar la modificación de la Ley de Glaciares para que las empresas mineras puedan operar en estas áreas sensibles donde se concentran importantes reservas de agua. Empresarios del sector le hicieron saber a Macri que la Ley de Glaciares es un obstáculo para la industria minera y que por ella se pierden de extraer grandes volúmenes de metales.

La reunión se hizo en la Casa Rosada y asistieron funcionarios de la Secretaria de Ambiente, Eduardo Elsztain y Carlos Miguens, acaso los más grandes empresarios de nuestro país, el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM), el Ministro de Energía Juan José Aranguren, el de Trabajo, Jorge Triaca, representantes de las provincias mineras y gremios. Todos juntos consensuaron en que es necesario un cambio en la Ley para poder generar más ganancias, regalías y beneficios económicos. La tarea de los funcionarios es ver hasta qué punto se puede tensar la cuerda por los graves problemas ambientales que generaría la explotación minera en zona de glaciares.

El sinsentido se puede hallar en las declaraciones que dio al diario La Nación, Héctor Laplace, titular del gremio de los trabajadores mineros: “El tema central del encuentro fueron los glaciares. Tenemos un problema importante con la ley, que no nos deja hacer minería en la cordillera. Nadie se va a meter con los glaciares. El problema es el ambiente periglaciar. Esto genera una gran complicación porque está prohibida toda la actividad industrial” La Ley de Glaciares fue aprobada en el año 2008, aunque fue vetada por la entonces presidenta Cristina Kirchner, el lobby minero influyó para esta decisión, pero la Ley salió en el 2010, aunque la intención era vetar, el gran apoyo que cosechó la necesidad de proteger a los glaciares hizo naufragar la iniciativa presidencial.

La Ley, aunque está en vigencia, no se instrumenta ni se respeta. El caso más claro es el de Barrick Gold, que tiene su mina Veladero en San Juan dentro de un área periglaciar. La empresa está contaminando fuentes de agua puras. Los empresarios del sector le advirtieron al presidente que por “culpa” de la Ley de Glaciares se pierden de generar alrededor de U$S 18.000 millones. Para el Ministro de Energía, Juan José Aranguren, que jamás sobresalió por sus propuestas inteligentes, reconoció que lo que argumentan los empresarios mineros es completamente cierto y que la Ley es un obstáculo para la inversión.

La actual Ley de Glaciares establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano. Además de considerar a los glaciares como bienes de carácter público, indica que se entiende por glaciar a toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación.

La ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Este inventario, según los ambientalistas, fue mal hecho porque obvió los glaciares pequeños, permitiendo -por ejemplo- la instalación de Veladero.

Todo esto es lo que quiere destruir la industria extractivista, y esto es lo que apoyará el gobierno nacional. En la reunión jamás se valoró la importancia ambiental que representan los glaciares y su conservación. Todo lo contrario: se promueve la contaminación y la explotación comercial de áreas naturales que sólo pueden ser protegidas para asegurarles agua a las futuras generaciones.