Fuente: La Voz

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) ratificó la plena constitucionalidad de la ley 9.526, que prohíbe la actividad minera metalífera “a cielo abierto” o cuando para ello se utilicen sustancias como el cianuro, el mercurio y otras calificadas como peligrosas.

El TSJ rechazó de este modo la acción declarativa de inconstitucionalidad que habían planteado los representantes de la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba (Cemincor) y de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN).

La ley, elaborada por el Gobierno Provincial, fue aprobada por la Legislatura de Córdoba en setiembre de 2008 y si bien prohíbe la minería a cielo abierto, permite que otro tipo de explotaciones menos agresivas se desarrollen sobre el suelo de la provincia de Córdoba. El Tribunal decretó además que la normativa no es inconstitucional porque fue dictada “dentro de las competencias propias de la provincia de Córdoba en materia ambiental”. 

En su argumentación, los magistrados explicaron que esta ley tiene por fin “amparar un uso razonable del agua y mantener en niveles aceptables los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual ha tenido en cuenta muy especialmente que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea”.

La protección de los recursos hídricos de la provincia fue uno de los argumentos más fuertes del tribunal, ya que remarcaron que se trata de un bien único e irreemplazable para toda la humanidad.

“Se ha afirmado que una de estas minas puede gastar entre 50.000 y 300.000 litros de agua por minuto una vez en actividad”, destacaron los vocales del TSJ y subrayaron que, según un informe que obra en la causa, “en la mina La Alumbrera (Catamarca) se consumen 100.000.000 de litros por día y en la Veladero (San Juan), unos 70.000.000 litros diarios”.

En la sentencia, los vocales tuvieron en cuenta la experiencia en la provincia, con los casos de la planta de procesamiento de uranio en “Los Gigantes” y de los residuos del complejo fabril creado en 1952, donde se efectuaron actividades de concentración de uranio y desarrollo de procesos asociados y donde funcionaba la planta de producción de dióxido de uranio (UO2), operada por Dioxitek y un equipo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de geología y apoyo a otras actividades, que fue clausurada recientemente y que se encuentra en Alta Córdoba.