Quedó reglamentada la ley para fomentar el uso de fuentes renovables de energía, y se asignaron fondos para ese fin por $12 mil millones.

La reglamentación a la ley 27.191 se dispuso a través del decreto del Poder Ejecutivo 531 publicado en el Boletín Oficial, y en sus considerandos planteó que la expansión del uso de fuentes renovables de energía eléctrica tiene “consecuencias favorables para el país” dado que implica “una mayor diversificación de la matriz energética”, “la reducción de costos de generación de energía, previsibilidad de precios a mediano y largo plazo”, y “contribuye a la mitigación del cambio climático”.

La norma destacó que la expansión de las energías renovables constituye una cuestión “de máxima prioridad” para el Gobierno nacional, y una “política de Estado de largo plazo”.

Asimismo, estipuló destinar este año para el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder) -creado en la ley 27.191- recursos por $12 mil millones provenientes del Tesoro Nacional.

Esta reglamentación flexibilizará la exigencia de que el 8% del total de la energía consumida sea verde para fines de 2017. La medición de ese requisito se realizará el 31 de diciebre de 2018 y será “un promedio anual”. Así, la industria podrá empezar a consumir energía renovable a mediados de 2018 y así y todo cumplir con la meta sin ser sancionara. Además, habrá una tolerancia del 10%.

Ahora las empresas interesadas en invertir empezarán a cerrar acuerdos privados -hay firmas como Saesa, que están juntando demanda de industrias para ofrecerla en paquete a los emprendedores-, mientras que el Gobierno realizará subastas de energía verde para comprar la cuota que le corresponde a las distribuidoras, grandes clientes que no quieran comprar por su cuenta y clientes residenciales.

Los puntos fiscales más destacados de la reglamentación son los siguientes:

– Exención del impuesto sobre los dividendos (ley 26.893). Se establece que la autoridad de aplicación determinará el plazo y condiciones en que se deberá efectuar la reinversión para gozar del beneficio.

– Certificado Fiscal: Se establece la posibilidad de solicitarlo en forma anticipada a la entrada en operación comercial del proyecto.
– Utilización de beneficios: No podrán utilizarse los beneficios del certificado fiscal ni de la devolución anticipada de IVA para cancelar obligaciones de responsabilidad sustitutiva, de actuación como agente de recaudación y deudas del sistema de Seguridad Social.

– Préstamos del Banco Nación para pagar el IVA: Se establece que el BNA dispondrá de líneas de crédito especiales para financiar la cancelación del IVA (a proveedores) durante la ejecución del proyecto y hasta su entrada en operación comercial.

– Incremento fiscal-concepto: Se establecen cuáles son los incrementos fiscales que podrán trasladarse a precio y cuales están excluidos del beneficio.
– Derechos de importación-exención: Se establecen los requisitos para gozar del beneficio. Queda pendiente aún la determinación de las posiciones arancelarias beneficiadas.