La mina de uranio abandonada Los Gigantes en las Sierras Grandes de Córdoba constituye el máximo ejemplo de la corrupción ligada al nulo interés por el cuidado del medio ambiente que existe en nuestro país. Hace 26 años que cerró pero aún están las colas de los minerales, restos de materiales radiactivos y metales pesados que se hallan a cielo abierto. La contaminación allí es total, ahora luego de que el Congreso Nacional aprobara un plan de remediación, el Ejecutivo dispondrá de una millonaria cifra para realizar finalmente la remediación ambiental.

Los Gigantes fue una mina que explotó uranio en un territorio natural vírgen. La minería a cielo abierto allí contaminó una extensa área muy rica en flora y fauna.  Está a 30 km de la ciudad de Villa Carlos Paz. Este complejo operó hasta 1990 explotando el recurso que había sido descubierto por la Comisión Nacional de Energía Atómica en los años 60. El terreno donde se halla la mina es propiedad de una Orden Religiosa que se lo alquila ala CNEA. Cuando cerró sus puertas se dejaron a la interperie 2.400.000 toneladas de colas (residuos radioactivos), 1.000.000 de toneladas de estériles y 600.000 de marginales. El problema se origina por la filtración de material contaminante a las napas por la acción de la lluvia y se traslada con el viento, la cercanía del Lago San Roque vuelve a este viejo complejo aún más peligroso.

El miércoles pasado se aprobó por unanimidad en el Sanado Nacional el proyecto de remediación que presentó el senador cordobés Carlos Caserio. La remediación se financiará con fondos del Programa de Remediación de Material de Uranio (Pramu). Se habla de un corto plazo para comenzar a limpiar el material radioactivo que aún se halla en Los Gigantes. 

Se asegura que para llevar a cabo la remediación se convocarán a los organismos independientes nacionales e internacionales para que participen del proceso de tratamiento de residuos radiactivos. 

“El proceso de remediación se llevará a cabo con la participación del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Secreatría de Ambiente o del Organismo que se disponga, y se deberá convocar a audiencias públicas para asegurar el derecho constitucional de la ciudadanía a ser consultada a los efectos de cumplir con la necesidad de consenso social en la realización de los trabajos de remediación ambiental y su monitoreo, que se relacionan con la protección y preservación del ambiente, que sean de incidencia general o particular”, expresa en su párrafo principal el proyecto aprobado, lo más importante es que se prohíbe la futura explotación en el predio donde se halla la mina de cualquier tipo de actividad vinculada con la extracción o procesamiento del uranio.