Las cuestionadas represas que se quieren hacer en Santa Cruz fueron renegociadas con el gobierno chino, y esa modificación debe pasar por la legislatura santacruceña, este cuerpo deliberativo será quien acepte o no este nueva cambio de escanario que plantea el gobierno nacional.

El nuevo acuerdo con China estipula reducir el número de turbinas de 11 a 8 y también una baja en el costo de la obra de un estimado inicial de u$s 7.000 a 4.000 millones. La obra tendrá un plazo de ejecución de casi siete años, generará 5.000 puestos directos de trabajo y se estima que 40% del costo estará destinado al pago de mano de obra.

Polémicas por el impacto ambiental que generarían y también cuestionadas en el área política, el presidente del bloque del FPV Matías Mazú dijo que no estaba de acuerdo con los cambios hechos en esta renegociación, pero posiblemente iban a votar a favor porque la provincia necesita generar fuentes de trabajo, aunque esté en juego el medio ambiente

“Este nuevo convenio cambia totalmente las reglas de juego. Porque en 15 años las represas iban a ser provinciales, pero amparados por una ley bastante discutible (Ley N° 15.336), el gobierno transfiere las represas al Estado nacional”.

“El Estado nacional es el garante de la obra como cualquier inversión internacional que se haga con cualquier provincia pero a partir del pago de esa obra con consumo de energía, las represas pasaban a la provincia y hoy lo que nos exigen es que se la trasfiramos a Nación. Eso es lo que uno critica”, expresó el legislador.

Sin embargo, para las organizaciones ambientalistas la construcción de las represas en Santa Cruz “no debe continuar”.  La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) reclamaron al Estado Nacional la suspensión de la construcción de las represas del complejo hidroeléctrico Kirchner-Cepernic sobre el lecho del río Santa Cruz, ya que se trata del último rio glaciario de la Patagonia que corre libre desde la cordillera hasta el mar.

Estas organizaciones creen que existen demasiados hechos para poner en tela de juicio estas dos obras que Argentina hará con la República Popular China, en primer lugar no se ha podido acceder al proyecto en sí, no ha existido la transparencia necesaria para que el pueblo argentino, y particularmente el santacruceño pueda saber a ciencia cierta de qué se trata este proyecto que impactará por un tiempo muy prolongado la geografia de una amplia región vírgen provincial. Tampoco se han realizado los estudios ambientales adecaudos para conocer el impacto que tendrán estas represas en el ecosistema. Consideran que no resulta un proyecto prioritario, teniendo en cuenta que hay energías alternativas, como la eólica que se pueden desarrollar y que estas represas están en contra de los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de París para atender la problemática del cambio climático global.

En la misma línea, los ambientalistas consideran que las grandes represas “no son consideradas energías renovables porque tienen un alto impacto sobre el ambiente natural y una escasa vida útil por acumulación de sedimentos, dejándolas inoperables. Además su productividad o factor de planta sería del 34% (comparada con Yacyretá que tiene un 71%), y sólo el 43% de la energía que generarían podría ser aprovechada por la capacidad de los tendidos eléctricos actuales. En su diseño se desconoció, asimismo, la importancia estratégica del proyecto en un marco de análisis integral e interministerial, como también el costo real de los MW generados y cómo y quién lo pagaría”