El director ejecutivo en Argentina de la minera canadiense Barrick Gold, Guillermo Caló, dejará su cargo a partir del próximo 31 de diciembre.

La renuncia se conoció en plena crisis e investigación judicial por el derrame de solución cianurada en aguas de la provincia argentina de San Juan, aunque desde la compañía aseguraron que se trata de una decisión tomada antes del incidente.

La contaminación de las aguas debido al derrame en la mina de oro Veladero, que según la compañía fue de 1.072 metros cúbicos, puso en alerta a la provincia a mediados de septiembre. Por el incidente, la Justicia lleva adelante una investigación e intimó el jueves pasado a la empresa a restituir en el plazo de diez días “las condiciones operativas en los términos de la Declaración de Impacto Ambiental”. El juez Pablo Oritja también aclaró que, de no resultar eso posible, “deberá dejar de incorporar cianuro en el proceso de lixiviación hasta tanto desaparezcan las anomalías”.

Miguel Giménez Zapiola, director de Asuntos Corporativos de Barrick, confirmó que la empresa apeló esa resolución, tras considerar que los niveles elevados de agua en la zona son producto de un “proceso natural en esta época del año”.

La sentencia del juez Oritja confirmó que sí hubo contaminación ambiental, presentando un informe elaborado por la empresa SGS que certificó la presencia de altas dosis de cianuro en la zona afectada.

Según el magistrado, dicho estudio fue encargado por la misma Barrick, por ello se asume que la empresa minera acepta su responsabilidad en el incidente de contaminación ambiental, contradiciendo su posición inicial de que no hubo daño ambiental alguno.

Trascendió que el estudio detectó “64 partes por millón (ppm) de cianuro en el río Potrerillos y 9 ppm en el río Las Taguas, muy por encima las 0,10 ppm de cianuro que el artículo 982 del Código Alimentario establece como máximo para el agua potable”.

Por su parte, el juez Oritja indicó que en aguas arriba del dique Cuesta de Viento se detectó la presencia de cianuro y mercurio en concentraciones altas, lo cual evidencia la consecuencia del derrame ocasionado por la explotación.

Asimismo, el magistrado afirmó que el derrame “pone en riesgo real e inminente el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano” y que “se vulneró el deber de preservación del patrimonio natural”.

Sin embargo, el director de Asuntos Corporativos de Barrick, Miguel Giménez Zapiola, confirmó que se apeló la resolución, considerando que los niveles elevados de agua en la zona se deberían a “un proceso natural en esta época del año”.