La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundación Banco de Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales presentaron medidas judiciales solicitando que se investigue a las represas “Kirchner” y “Cepernic” por entender que podrían dañar el medio ambiente, y si en el caso de que este se comprobara, se impidiera el comienzo de las obras, por otro lado, la Corte Suprema también ordenó que se hicieran los respectivos estudios de impacto ambiental.

Los agrupaciones sostienen que las represas “Kirchner” y “Cepernic“, que generarán 1.740 megawatts, podrían afectar a los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini. En diciembre de 2014 el gobierno de Cristina Fernández adjudicó a un consorcio encabezado por Electroingeniería, la empresa china Gezhouba Group Corporation y la firma Hidrocuyo la construcción de las represas.

Esa obra fue valuada -según el presupuesto 2016- en más de 43.000 millones de pesos, casi el doble del costo por el que fue licitada. Apenas asumió, el presidente Mauricio Macri dejó entrever que podría frenar las obras, durante una reunión con Cristine Mc Divitt, viuda del filántropo ecologista fallecido Douglas Tompkins, y con Sofía Heinonen, bióloga y máxima autoridad de Conservation Land Trust, la ONG fundada por el norteamericano que se dedica a crear áreas protegidas.

“Hicimos un estudio y vimos que las represas están en el puesto número 20 entre las mejores formas de conseguir energía. Es decir, antes hay 19 opciones más viables, limpias y económicas; a las represas, vamos a intentar pararlas”, dijo Macri según las crónicas de ese día a fines de diciembre. De inmediato, Cristina Fernández salio a criticarlo vía Twitter: “Con todo el respeto, señor Presidente, ¿podría por favor facilitarnos el listado de las 19 opciones por usted referidas?”.

La Corte intervino en la polémica al pedir informes en base al artículo 41 de la Constitución que, a través del principio precautorio, manda a proteger el medio ambiente de posible contaminación en los cursos de agua y glaciares. Y solicitó conocer si se han producido las consultas y audiencias públicas con la ciudadanía tal como lo prevé esa Ley General de Ambiente.

“Le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento”, dijo la Corte.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda resolvieron que en el plazo de 30 días el Gobierno informe “si se han realizado los estudios de impacto ambiental, a las obras de Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner-Gobernador Jorge Cepernic” y en su caso, deberá informar el estado de avance en ambos proyectos”.

Los estudios solicitados deben determinar cuál podría ser el impacto ambiental que estas represas pueden causar en el Lago Argentino, en los Glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala y al Parque Nacional Los Glaciares.