Dar una fecha precisa es imposible, porque depende del avance de las grandes obras que se hacen a nivel del Estado nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires”, dijo Dorina Bonetti, presidenta de Acumar, durante su exposición en la audiencia pública, a la que también fueron convocados funcionarios y organismos de control para exponer sobre los avances en la materia.

Ante la insistencia del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por conocer los plazos de cumplimiento, Bonetti reconoció que “existen procesos administrativos para mejorar“. Fuera del recinto un grupo de vecinos de la villa 21-24 protestaba porque no los dejaban ingresar.

En ese contexto, el juez Juan Carlos Maqueda recordó que el plan de urbanización de villas y asentamientos precarios de la cuenca Matanza-Riachuelo firmado en 2010 “se proponía alcanzar 17.771 soluciones habitacionales, pero a diciembre de 2017 sólo se terminaron 3.882 viviendas, es decir, el 22 por ciento”.

Al respecto, Bonetti reconoció que se trata de “uno de los problemas más graves”, pero advirtió que se debe a que “se construyeron complejos habitacionales sin tener en cuenta las características del predio”. “No se pudo avanzar porque no se pueden entregar viviendas que no tienen servicios básicos garantizados y hubo que revisar varios proyectos”, afirmó.

Por su parte, un representante del Cuerpo Colegiado de organizaciones que, por disposición de la Corte Suprema, controla que se cumplan las mandas del máximo tribunal de la Nación relativos al saneamiento de la cuenca, dijo que “Acumar no cumple con el fallo de 2008 ni con los que vinieron después” y que “su inoperancia agrava el daño a la salud pública”.

“Acumar no adoptó medidas para reducir las emisiones de gases y partículas y convalidó legislaciones permisivas respecto al vertido de líquidos contaminantes, ya que sólo estableció límites en la cantidad que se puede descargar sin tener en cuenta la toxicidad de los líquidos“, argumentó.