Se trata de una disputa de más de 36 años por 643 mil hectáreas de terrenos fiscales ubicadas en la localidad de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, considerada una de las zonas más pobres de la Argentina, donde en los últimos meses se registraron numerosas muertes de niños por desnutrición y deshidratación, especialmente entre la población wichi.

La CIDH analizó por primera vez los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma, a partir del artículo 26 de la Convención Americana.

La sentencia corresponde al caso denominado “Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat -Nuestra Tierra- vs Argentina“, que fue notificada recientemente al Estado argentino, según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal de Salta.

Las comunidades indígenas que realizan el reclamo pertenecen a los pueblos wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete, de Salta, en el límite con Paraguay y Bolivia).

Se ordenaron medidas de reparación específicas para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, para la recuperación de recursos forestales y de la cultura indígena.

La CIDH determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, al no dotarla de seguridad jurídica y permitir que se mantenga la presencia de pobladores “criollos” en el territorio, aún cuando el reclamo de propiedad lleva más de 28 años. También concluyó que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria.

Para la corte, la violación a los derechos a la identidad cultural, a un ambiente sano, a una alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades, resultaron lesivas para los pueblos originarios.

En su sentencia, el tribunal entendió que la tala ilegal y otras actividades, como la ganadería, desarrolladas por criollos, afectaron bienes ambientales e incidieron en el modo tradicional de alimentación de las comunidades y en su acceso al agua.

Dichas tierras también habían sido ocupadas por otros pobladores y se construyó un puente internacional sin previa consulta por parte del Estado, a la vez que en la zona se constató presencia indígena constante, al menos desde 1629.

El tribunal de la CIDH que resolvió esta sentencia estuvo conformado por su presidenta, Elizabeth Odio Benito; su vicepresidente Patricio Pazmiño Freire; los jueces Eduardo Vio Grossi, de Chile; Humberto Antonio Sierra Porto, de Colombia; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, de México; y Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay.

Ante la falta de respuesta al reclamo indígena, que data de 1984, en 1998 la Asociación Lhaka Honhat -con el patrocinio del CELS- hizo la denuncia ante la CIDH, que en 2012 dictó su informe de fondo en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso reparaciones.

En ese sentido, destacaron que “es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre la problemática de los pueblos indígenas en Argentina”.

 

Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicaron que la sentencia “representa una oportunidad para profundizar el trabajo” que realiza la nueva gestión del Gobierno nacional “en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”.