La empresa desarrolla su actividad en un inmueble ubicado en la localidad de Atocha, en el municipio salteño de San Lorenzo, y carece de un Plan de Gestión de Efluentes Industriales líquidos y sólidos y del Certificado de Aptitud Ambiental (CAAM).

A pesar de las reiteradas intimaciones efectuadas por los organismos estatales con competencia ambiental y por el Ministerio Público Fiscal, Lauju omitió cumplir con los recaudos legales exigidos para el desarrollo de su actividad de curtido de pieles de animales para convertirla en cueros.

En el marco de la causa judicial iniciada, la Procuración denunció que para el proceso de curtido de cueros se generan efluentes que en su composición poseen metales pesados nocivos, tales como plomo, cromo, cobre y manganeso, sumamente peligrosos para la salud y el ambiente, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental.

Además, los efluentes son volcados –a través de una cañería de aproximadamente 200 metros- en el arroyo Isasmendi.

En el amparo ambiental colectivo, el fiscal Rodrigo Erazo Schmidt destacó que “el principio precautorio que rige en materia ambiental invita a actuar antes de que se obtenga la prueba de un riesgo real para el medio ambiente y la salud de los ciudadanos”.

Como resultado del proceso, el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, dispuso la comunicación pertinente al Registro de Procesos Colectivos de la Corte de Justicia de Salta y ordenó que la demandada presente, en un plazo de 10 días, un informe circunstanciado, con las pruebas que estime pertinentes en sustento de sus derechos.