No es la primera vez que Salta es noticia porque autorizó la tala de áreas protegidas por la ley. Es una costumbre que inició el ex gobernador Juan Carlos Romero y que el actual mandatario provincial, Juan Manuel Urtubey, no ha detenido. Ahora se trata de 6350 hectáreas que estaban amparadas por la Ley de Bosques, pero que igual desparecieron del mapa bajo el filo de la motosierra. La superficie deforestada equivale a un tercio de la Ciudad de Buenos Aires, denunció la organización Greenpeace.

En una nota del diario Página/12 que firma el periodista Eduardo Videla, se revela que otras 120 mil hectáreas están en serio riesgo de ser destruidas debido a que el gobierno provincial ya otorgó los permisos para desmontarlas, a pesar de ser bosques nativos protegidos por la norma nacional. Se trata de áreas habitadas por comunidades indígenas y campesinas, que son las grandes perjudicadas por el avance de las empresas agropecuarias sobre el monte, coinciden en la Subsecretaría de Política Ambiental de la Nación. Su titular, Silvia Révora, dijo a Página/12: “Ya le hemos pedido a Salta que anule los decretos que permiten el desmonte y dé marcha atrás con los permisos otorgados”. Sobre la actitud de las empresas, la funcionaria opinó que “la voracidad capitalista es enorme”.

“Hay una connivencia del gobierno provincial con las empresas, que nos preocupa”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Si todas las provincias desmontaran al ritmo que lo hace Salta, en 30 años la Argentina se quedaría sin bosques”, afirmó el ambientalista. Un informe de Greenpeace revela cuáles son las grandes empresas que avanzan sobre los bosques salteños: entre otras, El Yuto, de la familia Macri, y Spinica SA, que tiene en su directorio a Alejandro Roggio, del grupo homónimo.

La tala de bosques nativos en Salta está motorizada principalmente por el avance descontrolado de la frontera agropecuaria. Se arrasan extensas zonas arboladas para destinarlas a la plantación de soja o al pastoreo de ganado. Mediante fotografías e imágenes satelitales, Greenpeace documentó el impacto ambiental de los desmontes que se están realizando en áreas prohibidas con la autorización del gobierno de Salta, según el siguiente detalle.

1900 hectáreas desmontadas en la finca “La Luz del Chaco” (de Fernando Omar Muzi, Agustín Eduardo Vidizzoni y Agro-Noa SRL).

1700 hectáreas desmontadas en la finca “El Carmen” (perteneciente a Aldo Navilli, Molino Cañuelas SA, Compañía Argentina de Granos SA).

1100 hectáreas desmontadas en la finca “La Peregrina” (de Bruno Mauricio Varela Marín).

800 hectáreas desmontadas en la finca “La Maravilla Lote A4” (propiedad de Alejandro Roggio y Spinica SA).

850 hectáreas desmontadas en la finca “Morocoyal” (de Exportin SA).

Con el desmonte no sólo se pierden los bosques sino que desaparecen los recursos de comunidades indígenas y campesinas, que son habitantes ancestrales de ese suelo, aunque carecen de títulos de propiedad. “La semana pasada hubo un corte de la Ruta 81, que comunica la provincia de Salta con Formosa, en oposición a los desmontes”, comentó Giardini.

“La provincia de Salta está violando la Ley Nacional de Bosques”, enfatizó el integrante de Greenpeace. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno provincial? La Ley de Bosques, sancionada en 2007, establece que cada provincia debe hacer un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) en forma participativa, con criterios ambientales, pero también económicos y sociales, mediante el cual quede en claro qué áreas se pueden deforestar (áreas verdes, según el color con las que se las señala en los mapas); en cuáles está prohibido (señaladas en rojo); y dónde se puede hacer un aprovechamiento sustentable, es decir, cortar árboles, pero sin desmontar (en amarillo).

Los propietarios se valen de los decretos 2211/10 y 3136/11, sancionados por el gobierno provincial, que permiten la recategorización de áreas en las que el desmonte esté restringido o prohibido. “Es preocupante la falta de acciones firmes por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación y del resto de las provincias frente a la sistemática violación de la Ley de Bosques que impunemente realiza el gobierno de Salta”, cuestiona Giardini.