“Es un caso que se puede calificar como aberrante, nos ha producido mucha alarma”, expresó el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Omar De Pedro, quien ordenó la detención tras recibir dos denuncias de parte de organizaciones que protegen los derechos de los animales.

De acuerdo a su relato, el hombre fue detenido en Obispo Gelabert al 3100 luego de reunir pruebas y evidencias que lo ubican como organizador de una asociación ilícita.

“Entendemos que tiene la práctica de contratar mujeres, por dinero, y realizar actos en distintas habitaciones en moteles, actos de aplastamientos de animales, generalmente cachorros (de perros), animales de menor porte, puede ser de distinta raza, y entendemos que el filma esta situación”, dijo De Pedro.

El fiscal afirmó que le atribuirá “cometer como autor o instigador actos de crueldad contra animales, que está comprendida en la ley conocida como Sarmiento, la 14.346 de protección animal“. Esa norma prevé en el artículo 3 los actos de crueldad, “en este caso producirle sufrimientos innecesarios”.

De Pedro dijo que acusará al detenido por “la figura de asociación ilícita por el número de personas que han ido integrando alternativamente esta práctica, que claramente organizaba esta persona”.

Además, aseguró que tienen fotos, videos y testimonios de esa prácticas y adelantó que “hay personas que podemos individualizar por tatuajes; mujeres, que eran las que en la práctica aplastaban los animales”. En ese sentido, sostuvo que hará llegar imágenes a los medios para intentar colectar datos de esas mujeres que aparecen en las fotografías y las filmaciones.

De Pedro opinó que la ley Sarmiento “tiene muy poca pena, de un mes a un año (de prisión)” y dijo que “no se puede hablar actualmente de esa pena, no va en consonancia con la sociedad actual, donde hay un sentido de proteger a los animales”.

No obstante, señaló que, si se puede demostrar que hay una asociación ilícita, la pena para el integrante es de al menos 3 años y para el organizador de 5 años de prisión.

Voceros del caso indicaron que la hipótesis que se investiga es que el detenido contrataba trabajadoras sexuales para que realicen los actos que él les indicaba a cambio de alrededor de 3.000 o 4.000 pesos. Para ello las proveía de una vestimenta que debían utilizar mientras aplastaban a los animales.

Una fuente del caso señaló que una persona que se negó a esa realizar esa práctica acercó datos a una organización protectora de animales, que fue la encargada de realizar la denuncia penal.