A instancias de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se creó el Observatorio Ambiental porteño, a cargo del ambientalista Antonio Elio Brailovky, con el objetivo de alertar y concientizar sobre las prácticas que atentan contra el medio ambiente en la capital de Argentina. El primer estudio que difundió fue sobre la contaminación que producen las pilas y baterias que una vez usadas, son tiradas a la basura provocando un enorme daño ecológico.

“De acuerdo con un cálculo preliminar, las pilas y baterías de uso domiciliario que ingresan al país superan las 45.000 toneladas anuales y se estima que el consumo de pilas en la Ciudad sería de unos 40 millones de unidades al año“, señala el informe.

El flamante Observatorio reclama y advierte que “es necesario que el Gobierno de la Ciudad ponga en marcha una política pública eficiente y sustentable sobre esta importante masa de residuos peligrosos. Las ciudades modernas producen inmensas cantidades de residuos de todo tipo que se han convertido en uno de los principales problemas ambientales del mundo contemporáneo”.

El completo informe de 50 páginas cita ideas y conceptos de la encíclica Papal Laudo Si, como los que refieren a que en todo el planeta se producen millones de toneladas de residuos por año, la gran mayoría no son biodegrgadables y muy dañinos para el medio ambiente como los residuos clínicos, electrónicos, industriales y radioactivos.

Brailovky manifiesta que “las pilas y baterías son parte del problema, ya que su composición incluye materiales peligrosos que se propagan en los ecosistemas cuando se los descarta de manera inadecuada. La experiencia real muestra que, en nuestra ciudad, la mayor parte de las pilas y baterías usadas se disponen en la basura domiciliaria, lo cual significa que terminan en los rellenos sanitarios que no deberían admitir desechos peligrosos

La gravedad que adquiere esta contaminación se produce porque las “pilas descartadas, mezcladas con la basura, logran ingresar a los rellenos sanitarios debido a su pequeño tamaño, y que este circuito hace posible que los componentes tóxicos de las pilas se derramen y contaminen aguas superficiales y subterráneas”.

La Defensoría del Pueblo, cuyo responsable es Alejandro Amor, y basándose en el informe del Observatorio Ambiental recomendará a la Agencia de Protección Ambiental porteña (APRA) “que las pilas y baterías usadas sean clasificadas como residuos peligrosos, que se defina como generadores a las empresas que las introducen en el mercado”.

El infome propone que el tratamiento y recepción de las pilas y baterias usadas “sea obligatorio para las empresas que las venden, estableciéndose un sistema normatizado de almacenamiento y transporte de las mismas, el que deberá tener en cuenta su carácter de residuo peligroso. Lo habitual es que se culpe al consumidor del exceso de basura de nuestras ciudades y se proponga como única solución una conducta ciudadana basada en lo que se suele llamar “3 R” (Reducir, Reutilizar y Reciclar)”

La balanza se inclina siempre al consumidor, sobre su responsabilidad de reciclar, pero esto “deja afuera la responsabilidad de las grandes empresas que fabrican los mismos productos que terminan rápidamente en la basura. El verdadero responsable de los residuos es el fabricante” concluye el informe.