Por Marcelo Bachur

Ingeniero agrónomo – Especialista en trabajo rural

 

Las contribuciones de los empleadores y los aportes de los trabajadores -que se deducen del monto de los salarios- en el marco de relaciones laborales formales “en blanco”, constituyen el sustento del Sistema de Seguridad Social. De esta forma se financian las jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares, el instituto de servicios sociales para jubilados y pensionados (PAMI), el seguro por desempleo, el seguro de riesgos de trabajo, el seguro de vida, las obras sociales y los sindicatos.
La calidad de las prestaciones y el alcance de la cobertura de la seguridad social constituyen en todo el mundo indicadores contundentes del nivel de desarrollo de las naciones. La cobertura de este sistema de seguridad, según las leyes argentinas, es un derecho de todos los ciudadanos que trabajan o han trabajado en relación de dependencia. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores rurales de nuestro territorio están fuera de este esquema de protección social, especialmente aquellos ocupados en actividades de temporada, en cadenas de productos de consumo interno.
Actualmente, en busca de encontrar consenso para la solución de este problema son cada vez más las cámaras y los gremios representativos que en cada polo productivo discuten la firma de Convenios de Corresponsabilidad Gremial (CCG) para las actividades rurales que, por la estacionalidad de las relaciones laborales y la alta rotación de la mano de obra, dificultan la recaudación y control de cumplimiento de las obligaciones que se generan en concepto de recursos de la seguridad social.
Un CCG es un acuerdo entre los gremios de trabajadores y las asociaciones de empresarios para establecer un mecanismo distinto de pago de las obligaciones a los subsistemas de la seguridad social. Por su parte, los empleadores deben registrar a sus trabajadores, generar y presentar las declaraciones juradas mensuales (DDJJ), pero se elimina el pago mensual y a cambio se establece una tarifa sustitutiva que es retenida en algún momento del proceso productivo por un agente de retención acordado por las partes signatarias del convenio. Esta tarifa es un valor nominal o un porcentaje del valor del producto, que reemplaza el pago de los aportes personales y las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social.
En términos de recaudación, el impacto que puede tener la firma de CCG en el sector rural es realmente impresionante. Si consideramos que los aportes y contribuciones a la seguridad social -efectuando las reducciones por incentivo al trabajo registrado (Ley 26.476)- equivalen aproximadamente al 35% del salario, vemos que, por cada trabajador teóricamente ingresarían al sistema, como mínimo, $700 por mes, o sea $ 8.400 por año.
Pero vayamos a un caso concreto, por ejemplo el tomate para consumo en fresco. Aquí, según los entendidos, por cada hectárea de producción hay un piso promedio de 4 trabajadores ocupados todo el año, entonces (con las reducciones de la Ley 26.476) se deberían descontar $8.400 x 4 = $33.600 del valor de lo producido en esa hectárea. Si pensamos que sólo en Corrientes puede haber probablemente 1.000 hectáreas en producción, llegamos a un valor de recaudación de $33,6 millones por año. Traslademos este sencillo cálculo a toda la superficie de hortalizas del país, que abarca unas 600.000 hectáreas y nos sorprenderemos seguramente al ver que ¡son más de $20.000 millones de recaudación anual los que en este momento deberían estar ingresando al sistema!  Pensemos ahora en las frutas, sumemos la yerba mate y consideremos también la producción animal intensiva y muy probablemente triplicaremos esta cifra. 
La Argentina funciona y crece, sin embargo tanto el Estado como el sector privado tenemos pendiente el desafío de hacer que este crecimiento se verifique en el nivel de vida medio de sus habitantes. Indudablemente, continuar el diálogo y el trabajo conjunto para la construcción de un Sistema de Seguridad Social robusto de amplia cobertura y con prestaciones universales y de calidad debe estar presente entre las prioridades más altas de la agenda nacional.