Las carpas para este verano no serán sólo opción de algunos turistas. También recurrirán a ese recurso los ambientalistas que mantienen la ocupación en Malvinas Argentinas, en contra de la radicación en la provincia de la empresa Monsanto. Según Gastón Mazzalay, integrante de Malvinas Lucha por la Vida, las medidas continuarán durante el verano. 

El refuerzo de la prowwwa en contra de la empresa multinacional se confirmó, pese a la orden de desalojo emitida por el fiscal de distrito 2 turno 4, Víctor Hugo Chiapero (de vacaciones hasta el 23 de enero). El 30 de diciembre, notificó a los manifestantes para que en 24 horas permitan “la libre circulación e ingreso de personas en el predio de la empresa, bajo apercibimiento de las responsabilidades penales a las que hubiere lugar”.  

La denuncia fue realizada por el abogado Ignacio Soria. Chiapero dio lugar al pedido y ordenó el desalojo. En la actuación judicial, indicó que los manifestantes no estaban prowwwando en forma pacífica “toda vez que han obstruido en diferentes situaciones la libre circulación de vehículos particulares, de carga pesada, maquinarias agrícolas y personal de seguridad”. 

Adrián Vilaplana, gerente de Asuntos Corporativos de Monsanto en el país, indicó: “Hace un mes que ni siquiera puede entrar el personal de seguridad. Ni siquiera están ingresando los vigiladores que deben controlar el predio”. 

Por el momento, la orden de desalojo no trascendió más allá del escrito. Pese a que la medida judicial contempla “la remoción a través la fuerza pública”, los manifestantes continúan en el predio. Si bien la asociación Malvinas Lucha por la Vida no impulsa este tipo de medidas, sus integrantes confirmaron que durante el verano se mantendrá el alerta. “Si es necesario, seguiremos con los amparos. En enero del 2014, una orden judicial de segunda nominación falló a favor nuestro. La empresa no puede poner un solo ladrillo en el predio”. 

Los ambientalistas reclaman un estudio de impacto ambiental, tal como establece la nueva ley provincial de ambiente. Este informe debe contar con la participación de universidades locales. Según el vocero de Monsanto, el convenio con la Universidad Nacional de Córdoba fue derogado por la misma casa de estudios, a raíz de la polémica

“Desde varios años estamos haciendo un estudio de impacto ambiental. No lo presentamos públicamente. Estamos esperando el momento propicio para hacerlo”, indicó Vilaplana. Cabe imaginar que será un “estudio” por lo menos intencional y favorable a la instalación de la planta.

Los integrantes de la agrupación ambientalista cuestionaron la conformación del equipo que integrará el Ministerio de Agua y Ambiente de la Provincia. “Son funcionarios que estuvieron con (José Manuel) de la Sota, antes de que el Gobernador removiera los cargos con los saqueos de diciembre del 2013. Muchos de ellos no ingresaron por concurso. Y son los mismos que años antes le daban aprobación al proyecto de la empresa”, indicó Mazzalay. 

La prensa local consultó a un funcionario del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía para conocer la conformación del gabinete y también las políticas ambientales que llevaraán adelante, la lacónica respuesta parece ser una declaración de principios: “Es demasiado pronto para hablar del tema”. Esperemos que luego no sea demasiado tarde.