Una de las entidades que se expidió sobre el conflicto es el Consejo de Medio Ambiente de Tierra del Fuego en su reunión de la semana pasada, mientras que sobre la base de ese documento también se pronunció este lunes el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).

Desde el Cofema declararon “de interés federal ambiental” a la “problemática del control y erradicación de especies exóticas e invasoras en Tierra del Fuego, y en especial a la especie asilvestrada “Conejo de Castilla”, según difundió un comunicado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El conflicto involucra por un lado al Cadic, organismo dependiente del Conicet con sede en la capital fueguina, que impulsó un plan de erradicación de los conejos instalados en la península de la ciudad, con el argumento del “daño ambiental” que implican para el ecosistema nativo. Por otro lado, la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf) promovieron una medida cautelar ante la justicia para impedir la matanza de los animales con fumigaciones con “gas fosfina”.

El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, hizo lugar en julio a la cautelar e impidió la erradicación de los conejos, obligando a las partes a ponerse de acuerdo en la implementación de un plan alternativo (propuesto por las entidades protectoras) consistente en la captura de los ejemplares mediante jaulas trampa, su castración quirúrgica por un médico veterinario y su traslado a un predio especialmente acondicionado.

Para ello, el juez citó a una audiencia realizada el pasado 24 de agosto donde no se avanzó en ningún acuerdo y donde quedó claro que desde el organismo dependiente del Conicet consideran inviable a la iniciativa, precisaron fuentes judiciales.

Mientras se aguarda el resultado de la apelación a la medida cautelar, el tema comenzó a ser tratado por entidades vinculadas al medio ambiente, como el Cofema, que lo incluyó en la reunión del 31 de agosto donde se celebraron los 30 años desde su creación y participaron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, Juan Cabandié, y el diputado nacional Leonardo Grosso.

Según sostuvo hoy el biólogo e investigador principal del Cadic-Conicet, Adrián Schiavini, el pronunciamiento del Cofema ratifica que “las especies exóticas invasoras representan una de las mayores amenazas a la biodiversidad”.

“El problema es que parte de la sociedad cree que toda las especies animales y vegetales que vemos hoy alrededor nuestro forman parte de “la naturaleza”, lo que lleva al error de considerar que las especies exóticas invasoras integran el patrimonio natural de un lugar”, analizó Schiavini.

Las entidades protectoras habían argumentado que la erradicación amenaza la “fauna silvestre y la diversidad biológica”, y que la sustancia pensada para la fumigación resulta “altamente tóxica para cualquier ser vivo”.

El juez había manifestado en su fallo que las asociaciones demostraron “los derechos que asisten a los animales no humanos, y que también merecen protección judicial” y que “mientras no podemos sostener a ciencia cierta que los conejos de castilla generarán un daño grave al ecosistema (…) sí podemos sostener que matarlos en conjunto puede afectar normas constitucionales”.