La insensibilidad del gobierno se deja ver claramente en acciones que golpean en forma directa a instituciones que tiene un función comunal de contención social y deportiva pero que no pueden costear los enormes aumentos en los servicios de gas, agua y electricidad. Los nuevos tarifazos ponen en jaque la actividad de por lo menos 20.000 clubes de barrio que se debaten entre cerrar sus puertas o vender sus terrenos a la industria inmobiliaria.

En Rosario las distintas asociaciones de clubes de barrio de todo el país se reunieron para crear la Confederación Argentina de Clubes y Entidades Deportivas, la unión tiene un único fin: resistir la frialdad del Estado hacia estas instituciones que contienen a niños y jóvenes a través del deporte y la cultura.  “No es ni más ni menos que la voz de 20 mil clubes de barrio del país”, comentó al diario Info RegiónCristian Font, vicepresidente de la flamante Confederación.

En el encuentro los distintos representantes de clubes barriales se interpelaron y debatieron sus problemáticas que tienen que ver con un mismo frente: el nuevo y -ya constante- aumento de las tarifas de luz y gas. Con las nuevas facturas de diciembre y con los anuncios del gobierno de continuar con una escalada de aumentos, la situación de los clubes es mala y el futuro, incierto.

“Nace con un fuerte espíritu solidario para tratar de hermanarnos y poder tener el peso que sentimos que tienen los clubes de barrio dentro del deporte. Hay confederaciones de todo tipo que se sientan a discutir presupuestos, sponsoreo y recursos que genera el deporte, pero esos recursos no llegan a los clubes de barrio”, explicó Font. La desigualdad de la Ley es manifiesta, “los clubes de barrio, de la misma manera que una Sociedad Anónima, tributan y pagan las cargas laborales igual que una empresa. No podemos seguir teniendo los mismos controles que una sociedad anónima, cuando lo único que buscamos es el bienestar para la comunidad y cumplimos un rol social“, manifestó.

En el año 2014 se promulgó la Ley de Clubes, que establecía una serie de beneficios y exenciones impositivas para los clubes de barrio, pero como suele suceder en nuestro país, la Ley jamás se reglamentó. “Lo más importante que tiene la Ley es que otorga una tarifa social para todos los clubes de barrio del país. Sería la solución que nosotros estamos buscando. Hay una ley que dice que los clubes tenemos que tener una tarifa social acorde a lo que significamos como entidades de bien público, pero el gobierno no quiere reglamentarla“, comentó.

El gobierno se escuda diciendo que existe ya una tarifa social para los clubes de barrio que se hayan inscrito en el Registro de Clubes de Barrio, pero para llegar a estar dentro de esta lista hay que hacer un laberinto de gestiones burocráticas, y en todo caso, funciona para clubes que están dentro del ejido de la Ciudad de Buenos Aires y La Plata. “De los 20.000 clubes que existen en todo el país, sólo 1900 se pudieron inscribir, y esos, sólo 900 están recibiendo alguna ayuda del Estado.”

Los números son alarmantes. La ley se tiene que reglamentar en su totalidad y dar una tarifa social como corresponde y no una devolución del 40 por ciento, que es inviable. Es un trámite burocrático muy grande y tienen que tener el dinero para pagar en un primer momento la factura. Recién cinco o seis meses después te hacen la devolución. Exigimos la plena reglamentación de la Ley 27098 y que se empiece a utilizar la ley con el espíritu con el que fue creada, que era pensada en el fortalecimiento de los clubes, y no poniéndole trabas a los clubes para que no pueda recibir nada“, concluyó.