El juez Federal de la ciudad de Ushuaia, Federico Calvete, ordenó al Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) -organismo dependiente del Conicet- suspender el plan de matanza de conejos silvestres mediante la fumigación con gas fosfina que iba a ponerse en práctica para erradicar a esos animales de las inmediaciones del edificio donde funciona la institución. Asimismo, autorizó la extracción, esterilización y reubicación de los animales.

Calvete hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf) que se oponen tanto a la erradicación de los conejos de la península de Ushuaia como a la utilización de un producto al que consideran “peligroso y tóxico”.

La medida judicial -citada por el medio local El diario del fin del mundo- dispone la implementación de un plan alternativo propuesto por las asociaciones protectoras, consistente en la extracción de los animales mediante jaulas-trampa, su relocalización en otro predio, y la esterilización quirúrgica de los ejemplares a cargo de un médico veterinario.

Para ello, el juez convocará a una audiencia donde las partes deberán consensuar “la modalidad de ejecución del proyecto” y deberán asistir autoridades del gobierno provincial y del municipio.

Según el Cadic, los conejos construyen madrigueras que ponen en riesgo los cimientos del edificio de la institución, ubicada en las inmediaciones de la bahía de Ushuaia, además de generar daños ambientales al ecosistema de la zona.

Pero las entidades protectoras replicaron que la erradicación amenaza la “fauna silvestre y la diversidad biológica”, y que la sustancia pensada para la fumigación resulta “altamente tóxica para cualquier ser vivo”.

Al dar lugar a la medida cautelar, el juez interviniente entendió que las asociaciones demostraron “los derechos que asisten a los animales no humanos, y que también merecen protección judicial”.

“El ecosistema protegido está conformado por el medio ambiente, los recursos naturales y también por los seres vivos que habitan en el mismo. Se debe procurar un equilibrio en el que las personas sean espectadores que eviten en lo posible alterarlo, que se sirvan del mundo sin destruirlo, y lo conserven para las generaciones futuras”, escribió el magistrado en su fallo.

Calvete indicó que “mientras no podemos sostener a ciencia cierta que los conejos de castilla generarán un daño grave al ecosistema (…) sí podemos sostener que matarlos en conjunto puede afectar normas constitucionales”.