La propuesta cuenta con el dictamen favorable de Salud Pública desde marzo pasado, y quedará en condiciones de ser debatida en el recinto antes de que termine el año. Esto debe ser resuelto por la comisión de Labor Parlamentaria, que se reunirá hoy con miras a la sesión prevista para el jueves.

El proyecto fue presentado por el radical Raúl Albarracín en febrero, y propone un plazo de 180 días al Poder Ejecutivo para que ponga en vigencia la normativa.

Por su parte, la Legislatura porteña aprobó la ley de la misma índole, la 1.540 en diciembre de 2004, y los vecinos tuvieron que aguardar hasta mayo de 2007 por el decreto reglamentario.

Esta nueva iniciativa propone un plan de actuación a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia para que en seis meses se elabore “un plan permanente en materia de ruido y vibraciones, el cual será revisado y actualizado en períodos no superiores a cinco años a partir del establecimiento de los Estándares de Calidad Acústica (ECAs)”. Ese programa, además de “líneas de acción”, promueve la “zonificación acústica”; la “evaluación de la situación acústica existente”; medidas “para la reducción y control de la contaminación acústica”, y programas de educación y de capacitación.

El diseño de un “mapa del ruido” permitirá el acceso de la ciudadanía a conocer los alcances de la contaminación sonora en las distintas regiones. Debe contener, entre otros datos, el “número de viviendas en una zona dada que están expuestas a una serie de valores de un indicador de ruido”; y el “número de personas afectadas (molestias sonoras, alteración del sueño, etcétera)”.

Siguiendo el proyecto, esto posibilitará que se delimiten “áreas de protección de sonidos de origen natural”, que serán identificados como “lugares vulnerables al ruido”. “(Son sitios) en que la contaminación acústica producida por la actividad humana resulte imperceptible o pueda ser reducida hasta tales niveles”, expresa el texto. La contracara de esos puntos de la provincia serían las “zonas de situación acústica especial”. La Secretaría de Medio Ambiente, con el apoyo de otras reparticiones estatales, podrá aplicar multas que comienzan en $ 200 (para particulares) y alcanzan los $ 65.000 (para emprendimientos que, pese a una orden de cese o clausura, ponga en funcionamiento sus actividades).