Los objetivos del proyecto son generar en el país beneficios para la biodiversidad y reducir su pérdida, así como luchar contra la degradación de la tierra mediante el desarrollo de un sistema de políticas, mecanismos de gobernanza e instrumentos técnicos, económicos y financieros para el ordenamiento ambiental del territorio, a fin de integrar la evaluación ambiental y socioeconómica de bienes y servicios ecosistémicos en la toma de decisiones.

Principalmente se buscará conseguir estos objetivos en las prácticas de producción de los principales sectores que desencadenan los procesos señalados, como el agropecuario, la minería, la expansión de infraestructura en áreas periurbanas y el turismo, a través de procedimientos de toma decisiones, planificación y asignación de recursos del sector financiero.

Para comenzar la labor, la iniciativa establecerá sitios piloto en las provincias de Jujuy, Mendoza y Buenos Aires y buscará replicar el trabajo en todo el país, a partir de los resultados obtenidos en estas primeras experiencias.

La iniciativa tendrá una duración de seis años. Será ejecutada por la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales —que depende de la cartera ambiental nacional—, junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés). Además, participarán la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Jujuy. Las actividades se realizarán en articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).