Se viven momentos muy críticos en las demandas sobre tierras ancestrales de las comunidades de pueblos originarios, a lo largo de todo el país los conflictos se suceden con un mismo denominador: el desconocimiento del derecho milenario de pertenencia de tierras que hoy son disputadas por empresarios o gobiernos provinciales o municipales. En el sur del país, la situación es muy tensa. En los últimos días senadores que integran la Comisión de Pueblos Indígenas llamaron a referentes de estas comunidades para estudiar un proyecto de ley para garantizarles tierras a las distintas comunidades que habitan nuestro país.

“Fuimos convocados varios referentes de organizaciones y comunidades para hablar de un tema que hace 11 años se viene hablando, que es parar el desalojo y tratarnos como usurpadores, cuando la propia Constitución nos reconoce la preexistencia” declaró a la Agencia de Noticias Bariloche Ignacio Prafil, uno de los referentes del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro.

La Ley de Posesión y Propiedad de Tierras fue creada en el año 2006 y en noviembre de este año vence la tercera prórroga que determinará las tierras que serán cedidas a las distintas comunidades que las reclaman en todo el país. La senadora Magdalena Ogarda es la presidenta de la Comisión y quien convocó a los referentes de los pueblos originarios. “Esto tiene que ver con el reconocimiento ancestral que los pueblos originarios tenemos. Hace muchos años venimos proponiendo que se deben respetar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, su forma de vida, su territorio y sus cuestiones colectivas comunitarias” manifestó la legisladora.

Ninguno de los 40 pueblos originarios preexistentes en Argentina tenemos el título de propiedad comunitaria. Ninguna comunidad, ningún pueblo. Ni hablar en Río Negro, que el Poder Ejecutivo esta hablando de crear un Código de Tierras Fiscales”, detalló Prafil haciendo referencia a la idea del gobierno de modificar esta reglamentación para ceder estas tierras al negocio inmobiliario y a las mineras. Con respecto al enfrentamiento que tienen con el gobierno nacional, el titular del Parlamento cuestionó la actitud del Estado de rechazar todo intento de diálogo, “no podemos hablar hace casi tres años. Nuestra postura es clara: nosotros defendemos la política de los pueblos originarios, no la política partidaria”.

El Estado ha venido demostrando actitudes que refuerzan el choque antes que el diálogo. La reciente represión hacia la Comunidad Pu Lof en Resistencia en Cushamen, que incluyó la desaparición de Santiago Maldonado, aún no hallado, es un ejemplo de cómo el gobierno y la Justicia se inclinan por defender a los empresarios que hoy son propietarios de las tierras en disputa.  “Los jueces tiene una cuestión de xenofobia o son racistas con los pueblos originarios”, advirtió Prafil y pone como ejemplo que un decreto de 1903 le reconoce a la comunidad mapuche 100.000 hectáreas en la zona de Anecón Grande, hoy sólo tienen 12.000, las demás están en manos privadas.