La Cámara de Diputados comenzará a tratar la iniciativa presentada por el senador chubutense Marcelo Guinle, que a fin de año obtuvo media sanción en la cámara alta, y que propone medidas para estimular el uso de fuentes alternativas de generación de energía eléctrica.

La discusión del proyecto se llevará a cabo en la Comisión de Energía y Combustibles, y luego entraría al recinto, apunta a lograr la actualización de la ley 26.190 para alcanzar que el 8% de la generación de energía eléctrica sea aportada por energías renovables en 2017, y estimular las inversiones para el sector. Guinle presentó este proyecto durante el segundo semestre del 2013, y tiene como principal objetivo lograr que 8% de la matriz de energía eléctrica nacional sea aportada por fuentes renovables en 2017, y elevar ese aporte al 20% para el 2025.

Uno de los aspectos destacados de esta iniciativa tiene que ver con los mecanismos que conformarían un fondo fiduciario, que tendría como objetivo respaldar la financiación de los proyectos de inversión.  Así, propone destinar un mínimo del 50% ciento del ahorro efectivo en combustibles líquidos generado por la producción con energías renovables. Los impulsos al desarrollo de energías renovables permitirían al fisco ahorrar unos 41.000 millones de dólares hasta el 2025.

En nuestro país existe la Cámara Argentina de Energía Renovable, que es un organismo multisectorial  que tiene como objetivos promover el uso de Bioenergías, Eólica, Solar, Biomasa, Hidráulica, Mareomotriz, y todas las formas de energías renovables de la Argentina. Es el principal órgano de coordinación que interactúa con una amplia gama de actores de los sectores público y privado así como instituciones académicas.

Se estima que en ese año, la industria de la energía renovable estaría en condiciones de aportar 36 TWh (teravatio hora), lo que representa el 20% de la demanda proyectada. Su potencia equivalente es de 8.900 MW (megavatios) con un Factor de Capacidad promedio estimado del 42% entre todas las tecnologías.

Otro aspecto central radica en establecer una obligación con penalidad en cabeza de los grandes usuarios de energía eléctrica –particularmente en aquellos que tienen un consumo igual o superior a 300 KW (kilovatios)– para el cumplimiento individual de las metas de consumo de energías renovables que fija la ley.

Con esta medida se pretende que se contraten volúmenes de energía directamente en el mercado ya sea con generadores de energías renovables independientes, a través de comercializadores o por medio de la ejecución de proyectos propios. Para quienes impulsan estas energías, la confiabilidad en el cumplimiento de los contratos permitirá obtener financiamiento a un costo más bajo y a plazos lógicos según la naturaleza del negocio.

Las fuentes alternativas de producción eléctrica son una tendencia mundial que acompañan no sólo una conciencia global más ambiental sino a la realidad que se ve a diario y que tiene que ver con desastres naturales que tienen íntima complicidad con el calentamiento global producido por el uso de los combustibles sólidos, y también porque su existencia está asegurada sólo para algunas décadas más. Deberemos tomar conciencia que el cambio no sólo comienza en nosotros sino en las decisiones que tomen los futuros gobiernos sobre la producción energética.